El Govern ha dado un paso decisivo en la regulación de la profesión de gestor administrativo al aprobar el Proyecto de ley que establece el marco para su ejercicio y la creación del Col·legi Oficial de Gestors Administratius d’Andorra (COGAA). Esta iniciativa, presentada por la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, busca organizar una actividad profesional que, aunque ampliamente implantada en el país, carecía de un marco normativo específico.
La figura del gestor administrativo juega un papel crucial en la economía, actuando como intermediario entre ciudadanos, empresas y administraciones. Sin embargo, la falta de regulación había generado inseguridades jurídicas y dificultades para diferenciar esta profesión de otras, además de facilitar el intrusismo y limitar estándares de calidad en el acceso y ejercicio de la profesión.
Establecimiento de un régimen jurídico propio
El nuevo Proyecto de ley establece un régimen jurídico que define claramente la profesión, regula su ejercicio y asegura la calidad de los servicios ofrecidos. Además, crea el Col·legi Oficial de Gestors Administratius d’Andorra como una corporación de derecho público encargada de representar al colectivo, velar por el cumplimiento de las normas deontológicas y ejercer la función disciplinaria.
Entre las principales medidas, se establece la obligatoriedad de la col·legiación para ejercer la profesión, así como requisitos de acceso que incluyen una titulación superior específica y otros criterios de idoneidad profesional. También se regulan los deberes de los profesionales, enfatizando la importancia de actuar con diligencia, confidencialidad y respeto a la legalidad, además de mantener el secreto profesional dado el carácter sensible de la información que gestionan.
Facilitando la transición de los profesionales existentes
El proyecto contempla un régimen transitorio que facilitará la adaptación de los profesionales que ya están en ejercicio, permitiendo su integración ordenada al nuevo sistema colegial mediante plazos y mecanismos específicos.
La ministra Conxita Marsol ha subrayado que esta regulación responde a una necesidad real del país y tendrá un impacto directo en la calidad del servicio público. “Con esta ley damos un paso adelante decisivo para aportar seguridad jurídica y profesionalizar el sector”, ha afirmado. Según Marsol, se pretende asegurar que todos los profesionales que intervienen en estos trámites cuenten con la formación y las garantías necesarias, algo que es “clave para la credibilidad del sistema y la protección de los intereses de los usuarios”.
