Cerni Escalé: “La ley del Gobierno hace que el mercado salvaje continúe igual de salvaje y que lo protegido se vuelva más desprotegido”
La cuestión del vivienda y, en particular, la legislación que permitirá la desintervención del mercado de alquiler a partir de 2027, ha centrado la jornada matutina del Consejo General. Como era de esperar, la enmienda a la totalidad presentada por el grupo parlamentario de Concòrdia no prosperó, tampoco las propuestas de los otros grupos de la oposición.
Críticas a la política del Gobierno
El presidente del grupo parlamentario de Concòrdia, Cerni Escalé, no ha dudado en expresar su postura desde el inicio de su intervención: “Congelar el mercado es un despropósito y no habría sucedido con una política económica y demográfica coherente”. Esta medida afecta especialmente a los propietarios responsables, a las empresas y a los inquilinos, ya que ha generado un doble mercado: uno salvaje y otro protegido. “Lo que hace la ley presentada por el Gobierno es que el mercado salvaje continúe igual de salvaje y que lo protegido se vuelva más desprotegido”, alertó Escalé.
La situación actual se debe a un modelo de país basado en el low cost, con nuevas autorizaciones para más centros comerciales y un modelo turístico masivo, en un mercado laboral que es más cuantitativo que cualitativo, con la llegada de un gran número de personas.
Cerni Escalé ha afirmado que Andorra vive peor hoy que hace siete años, “debido a un modelo que no se ha centrado en la calidad, sino en la acumulación acelerada de cemento y personas en el territorio”, y ha señalado al Gobierno actual como responsable de esta situación. Escalé ha puesto como ejemplo a una mujer que fue desalojada de su vivienda tras treinta años de residencia, cuestionando adónde puede ir con los precios actuales del mercado.
Propuestas para mejorar la situación
Ante esta problemática, ha abogado por un cambio de modelo que coloque la calidad de vida en el centro, que frene la especulación, que priorice la compra de vivienda para las personas nacionales y residentes, y que reajuste el modelo productivo. Asimismo, ha solicitado al Gobierno que intervenga verdaderamente en las causas que están provocando la crisis inmobiliaria. “El problema es la especulación inmobiliaria y este Gobierno aún la permite en la actualidad”, lamentó Escalé.
Andorra es el país de Europa occidental donde más han crecido los precios de la vivienda. En los últimos años, el precio del metro cuadrado ha pasado de 3.000 a 6.000 euros. “Andorra se ha embriagado”, expresó el presidente del grupo parlamentario de Concòrdia, recordando las medidas específicas que su formación ha presentado para la ley de desintervención de los alquileres: que no se puede desalojar a un inquilino salvo por incumplimiento, prórroga hasta 2030 para todos los contratos que actualmente finalizan y no son de lujo, permitir solo incrementos en aquellos contratos cuyo precio sea inferior al de los pisos a precio asequible del parque público, impedir incrementos entre contratos de alquiler por abandono voluntario del contrato, una política de contención migratoria y un registro nacional de la propiedad.
Por ello, ha instado al Ejecutivo a tener “visión clara y que evite el modelo de masas, que perjudica la calidad de vida de las personas y nuestro entorno natural”.
Un nuevo convenio con España
Finalmente, Cerni Escalé ha querido destacar que esta crisis de la vivienda se ha agravado con el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, argumentando la facilidad que supone la libre circulación de personas y el hecho de que los países de la UE no se han diversificado, sino que, por el contrario, se han especializado en aquellos sectores que les son fuertes.
El Consejo General ha validado por unanimidad el Convenio con España, que permitirá aumentar la potencia de la línea de Adrall, una actuación necesaria ante la creciente demanda de consumo eléctrico. Cerni Escalé ha instado al Gobierno a explorar proyectos público-privados de energía renovable. “Deben ser la piedra angular”, dijo, ya que ayudarían a aliviar el endeudamiento del Gobierno, especialmente en lo que respecta a la producción hidroeléctrica.
Por otro lado, el consejero general Jordi Casadevall ha compartido el fondo de la propuesta de ley del PS del bienestar para las generaciones futuras, aunque apuntó que podría mejorarse a través de enmiendas. Recordó que la Ley de protección del patrimonio cultural-natural de 1983 ya recogía este concepto, cristalizándose diez años después en el texto de la Constitución. Casadevall expresó su preocupación por la situación económica que se prevé para los próximos años, especialmente si se avanza, como es muy recomendable, hacia una descarbonización de la economía. “Condicionará, y mucho, la posibilidad de preservar el bienestar presente y, sobre todo, de las generaciones futuras”, concluyó.
