Aumento de recursos sociales en Andorra para la dependencia y vivienda

El Departament d’Afers Socials d'Andorra ha incrementado recursos para atender la dependencia de la población mayor y discapacitada, priorizando a los ciudadanos más vulnerables. En 2025, se otorgaron ayudas para vivienda y aumentaron las plazas en residencias para mayores, reflejando un compromiso gubernamental con el bienestar social.
Reunión del Gobierno de Andorra sobre recursos sociales y vivienda
El Gobierno de Andorra presenta nuevos recursos para la dependencia y vivienda.

El Departamento de Afers Socials ha destacado su compromiso en la atención a las personas mayores en situación de dependencia, así como en la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad. Estos aspectos son fundamentales para asegurar que ningún ciudadano quede desatendido. La ministra de Afers Socials, Trini Marín, enfatizó estos puntos durante el balance de actividades del departamento correspondiente al 2025, acompañado por la secretaria de Estado, Ester Cervós, y el director, Joan Carles Villaverde.

El Servicio de Atención Primaria ha ampliado su red de trabajadores sociales, incorporando cuatro nuevos técnicos, con el objetivo de detectar situaciones de riesgo o vulnerabilidad. En 2025, se atendieron 1.688 usuarios, de los cuales 1.392 recibieron atención continuada y 296 atención puntual.

Perfil de usuarios y necesidades

El perfil predominante entre los usuarios es el de hogares unipersonales y monoparentales, que representan la mayoría de los expedientes y concentran las principales situaciones de vulnerabilidad, especialmente en relación con dificultades económicas y de vivienda. Según la secretaria de Estado, Ester Cervós, estos colectivos tienen una menor capacidad de respuesta ante situaciones inesperadas, lo que genera una mayor necesidad de apoyo social y de intervenciones más intensivas por parte del Ministerio.

Apoyo a la vivienda

En términos de ayudas al alquiler, el 2025 se asignaron un total de 4.388.842,68 euros, un 20,69% menos que en 2024, beneficiando a 1.847 usuarios, un 26,62% menos que el año anterior. Este año ha marcado el regreso a los requisitos iniciales de las ayudas, y se ha establecido un reglamento armonizado con el modelo de vivienda asequible. La ministra Trini Marín ha afirmado que este año ha sido crucial, ya que las familias han podido acceder a viviendas públicas a precios asequibles, lo que ha permitido en varios casos prescindir de la ayuda al alquiler.

Mejoras en la atención a la tercera edad

Para mejorar el bienestar de las personas mayores, el Departamento de Afers Socials ha incrementado los recursos destinados a la atención de este grupo. En 2025 se concluyó con 400 plazas concertadas en centros socio-sanitarios y de día, lo que supuso un costo de casi 6 millones de euros, un 20,52% más que en 2024. Esto representa el 73,7% del total de plazas disponibles en el país.

El Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) atendió a 167 usuarios, de los cuales 96 eran nuevos, lo que supone un aumento del 68,5% respecto al año anterior. Además, se han ampliado los horarios de atención y no hay usuarios en lista de espera para acceder a este servicio.

Incremento de pensiones de solidaridad

En el ámbito de las pensiones de solidaridad, que se dirigen a mayores de 65 años con ingresos por debajo del umbral del salario mínimo, se registraron 1.474 pensionistas en 2025, con un costo total de 10.074.299,56 euros. Este gasto ha aumentado en un 9,43% respecto al año anterior, reflejando la intención del Gobierno de mejorar el poder adquisitivo de la población.

La ministra Trini Marín ha señalado que este crecimiento en las prestaciones está relacionado con la política del Gobierno para mejorar la situación económica de la ciudadanía, teniendo en cuenta que muchas de estas ayudas están indexadas al salario mínimo, que ha crecido en los últimos años.

Apoyo a personas con discapacidad

En cuanto a las personas con discapacidad, al cierre de 2025, la Comisión Nacional de Valoración (CONAVA) registró a 2.134 personas con un grado de minusvalía superior al 33%, con 191 nuevas incorporaciones durante el año. El Gobierno también hace aportaciones a la seguridad social para estas personas desde los 18 años hasta la jubilación, habiéndose realizado 44 nuevas afiliaciones en 2025.

Además, se gestionan pensiones de solidaridad para personas con discapacidad, con un total de 421 pensiones otorgadas en 2025, representando un gasto de 5,7 millones de euros. Este apoyo es parte de un conjunto de iniciativas que buscan promover la autonomía y la inclusión social de este colectivo.

Ayudas económicas y conclusiones

En 2025 se otorgaron 2.981 ayudas económicas ocasionales, que beneficiaron a 728 hogares y supusieron un gasto de 3,69 millones de euros. La prestacion familiar por hijo a cargo alcanzó un total de 1.307.901,14 euros, mientras que la prestación por desocupación voluntaria disminuyó significativamente, reflejando la buena situación del mercado laboral.

Finalmente, Trini Marín concluyó que estos datos demuestran un sistema que acompaña y responde a las necesidades de la ciudadanía, mostrando una evolución constante en la atención social.