La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, y el secretario de Estado de Empresa, Diversificación Económica e Innovación, Marc Saura, han presentado un análisis sobre la evolución de la inversión extranjera tras la aprobación de un paquete legislativo enfocado en el crecimiento sostenible y el derecho a la vivienda.
Marsol ha contextualizado los datos, recordando que hace un año se aprobó la Ley del Crecimiento Sostenible y del Derecho a la Vivienda, cuya aplicación efectiva no comenzará hasta abril de 2025. Además, ha señalado que una parte relevante de la inversión extranjera autorizada durante este tiempo aún estaba regulada por la normativa anterior, ya sea por disposiciones transitorias o porque se trataba de solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de la nueva ley.
Evolución y análisis de la inversión extranjera
La ministra ha calificado de “osado y poco serio” concluir que las medidas del Gobierno no han tenido efecto, considerando que algunas herramientas clave, como la duplicación del impuesto sobre la inversión extranjera inmobiliaria, apenas comienzan a aplicarse. Marsol ha insistido en que la evaluación del impacto real de las reformas requiere tiempo y un análisis cuidadoso de los datos.
A pesar de ello, se ha constatado una clara evolución en la calidad de la inversión extranjera. Los datos del primer trimestre de 2026 muestran una disminución significativa en el número de solicitudes de inversión extranjera directa, que han pasado de 418 en el primer trimestre de 2025 a 307 en el mismo periodo de 2026. Sin embargo, el importe total de las solicitudes no solo se mantiene, sino que aumenta, pasando de 117 millones a más de 130 millones de euros.
Aumento de solicitudes denegadas
Esta tendencia se acompaña de un incremento notable en las solicitudes denegadas. Las cifras indican que las denegaciones han pasado de 21 en 2023 a 59 en 2024 y a 89 durante 2025, mientras que solo en el periodo hasta abril de 2026 ya se han registrado 39. Para la ministra, este aumento es indicativo de que el nuevo marco legal permite aplicar criterios más exigentes y evitar inversiones que no aportan valor añadido al país, especialmente en el ámbito inmobiliario. “No se trata de frenar la inversión, sino de seleccionar mejor qué inversión queremos para el país”, ha subrayado Marsol.
Uno de los ámbitos donde el impacto de las nuevas medidas es más evidente es en las promociones inmobiliarias con inversión extranjera. La prohibición de este tipo de promociones ha resultado en una reducción significativa de los importes asociados: de casi 96 millones de euros en 2022 se ha pasado a unos 50 millones en 2023, hasta quedar reducidos a solo 459.000 euros en 2025. En este contexto, Saura ha destacado que estos datos evidencian la eficacia de la medida: “La prohibición de las promociones inmobiliarias de inversión extranjera ha permitido reducir la presión especulativa sobre el mercado inmobiliario y orientar la inversión hacia proyectos que generan actividad económica real y valor añadido para el país”.
Control y seguimiento de las inversiones
Finalmente, tanto la ministra como el secretario de Estado han recordado que la autorización de una inversión extranjera no cierra el proceso de control. El sistema actual incluye mecanismos de seguimiento posterior para verificar la materialización efectiva de la inversión, el cumplimiento de las condiciones autorizadas y la actividad real de las empresas, con revisiones periódicas y posibles acciones en caso de incumplimiento.
Con este análisis, el Gobierno reafirma que las políticas implementadas en materia de inversión extranjera avanzan en la dirección correcta, priorizando la calidad, el valor añadido y el interés general, en coherencia con el derecho a la vivienda y un modelo de desarrollo equilibrado y sostenible.
