Sí a trabajar una reforma del territorio y el urbanismo, no a las listas unipersonales de Concòrdia para elegir a los representantes parroquiales de las Elecciones Generales.
La propuesta de ley de Concòrdia para modificar la ley cualificada del régimen electoral y del referéndum, así como los puntos relacionados con el territorio y el urbanismo, han dominado gran parte de la sesión del Consell General de este jueves.
Defensa de un nuevo sistema electoral
El conseller general Pol Bartolomé ha defendido la propuesta del grupo parlamentario para introducir un sistema de candidaturas unipersonales, que permitiría la elección individual de los dos consellers o conselleres generales en la circunscripción territorial de las Elecciones Generales. Bartolomé argumentó que “es en el nivel local donde la relación entre los electores y candidatos es más directa”.
Además, explicó que el sistema propuesto “permite a los votantes distribuir sus votos entre candidatos individuales pertenecientes a diferentes listas electorales”, en un contexto de creciente desconexión entre los actores políticos y la sociedad civil, que se traduce en niveles elevados de abstencionismo. En particular, destacó que el grupo de jóvenes de entre 18 y 25 años es el que menos participa en las elecciones, manifestando una sensación de inutilidad del voto y desconexión con los procesos democráticos.
Bartolomé recordó que, desde 1993, la ley ha sido reformada en nueve ocasiones, pero sin modificar elementos estructurales. En este sentido, afirmó que “la evolución de la sociedad andorrana y la práctica institucional requieren una revisión de la norma electoral para favorecer un sistema más representativo”.
Reacciones del Gobierno y la mayoría parlamentaria
Sin embargo, la propuesta de ley no ha sido aceptada por el Gobierno ni por los grupos parlamentarios de la mayoría, que consideran que podría poner en riesgo la estabilidad parlamentaria y favorecer la proliferación de candidatos. Pol Bartolomé rechazó esta afirmación, señalando que existen numerosos ejemplos de países con sistemas mayoritarios que han resultado inestables, y concluyó que no es del todo cierto que “sacrificar un cierto grado de proporcionalidad se conciba como el precio a pagar para garantizar la estabilidad política y gubernamental del país”.
Consenso en torno al territorio y el urbanismo
Después de más de 13 meses de trabajo intenso, el Consell General ha validado por unanimidad el dictamen final de la Comisión de estudio para asegurar un crecimiento urbanístico sostenible y la creación de una comisión legislativa que, siguiendo las directrices del dictamen, deberá elaborar una propuesta de ley para modificar la Ley general de ordenación del territorio y urbanismo (LGOTU).
El conseller general Pol Bartolomé, en nombre del presidente de la Comisión de estudio y del conseller general de Concòrdia, Jordi Casadevall, destacó el consenso alcanzado durante el trabajo en comisión, lamentando no haber podido contar con estudios sobre la capacidad de carga máxima parroquial y nacional. “Ahora es necesario dar el último paso con ambición y consenso”, manifestó, refiriéndose a la revisión del marco legislativo, ya que el actual “no dota a la Administración pública de los instrumentos necesarios para garantizar un equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad”.
Derechos laborales en avance, pero desafíos por delante
“Es relevante que esta reforma surja del consenso entre actores económicos y sociales”, enfatizó la presidenta suplente del grupo parlamentario, Núria Segués, durante su intervención sobre la modificación del Código de Relaciones Laborales. Recordó que la representación de los trabajadores del sector privado sigue siendo muy limitada y que los convenios colectivos “son una herramienta clave” para equilibrar las relaciones entre trabajadores y empresas, proporcionando estabilidad y seguridad jurídica a ambas partes.
Segués destacó que “cualquier mecanismo que permita a los asalariados organizarse, dialogar y defender colectivamente sus intereses es un avance para el equilibrio de las relaciones laborales”, advirtiendo que “el Código de Relaciones Laborales aún enfrenta importantes desafíos” y que será necesario seguir trabajando “para mejorarlo y adaptarlo a las necesidades actuales del mercado laboral andorrano”.
En la defensa de la ratificación del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC), Segués subrayó que es a través de un trabajo digno que se construye, en gran parte, la autonomía de las personas y su capacidad de vivir con dignidad. La ratificación, según explicó, “no es solo un ejercicio de validación”, sino también “el compromiso de rendir cuentas y continuar avanzando donde aún hay brechas”.
Vínculo entre vivienda y derechos laborales
La consellera general de Concòrdia vinculó el acceso a la vivienda a las condiciones laborales que debe garantizar el trabajo, afirmando que “sin un trabajo digno, con salarios adecuados y estabilidad, el derecho a la vivienda se vuelve inalcanzable”. De hecho, este derecho está reconocido en uno de los artículos del pacto, y, como parte del rompecabezas, Segués recordó que “actualmente en Andorra no estamos garantizando este derecho”, que va más allá de tener un techo, sino que implica “que sea accesible, que haya disponibilidad real y que se pueda vivir con seguridad y en condiciones dignas”.
Acuerdo educativo con Francia
Este jueves también se ha aprobado un nuevo convenio en el ámbito de la enseñanza entre Andorra y Francia, una cooperación que se mantiene desde hace más de 125 años y que “reafirma una de las fortalezas de nuestro país, que es contar con tres sistemas educativos con enseñanza pública, gratuita y de libre elección”, defendió la consellera general María Àngels Aché. Destacó que, a pesar de su autonomía en cuanto a contenidos pedagógicos, los alumnos también reciben formación sobre Andorra a través del programa de Formación Andorrana. “Para Concòrdia, la cohesión de nuestra sociedad pasa también por el conocimiento de Andorra: de su lengua, su historia y sus instituciones”, expresó, haciendo un llamado a promover la movilidad en Francia en el ámbito de la Educación Superior, considerando la amplia variedad de programas y oportunidades académicas.
Finalmente, Concòrdia se abstuvo en la propuesta de acuerdo de Andorra Endavant para un convenio marco con las grandes superficies comerciales para reducir el desperdicio alimentario. María Àngels Aché argumentó que cualquier iniciativa que ayude a mejorar merece ser considerada, pero que en este caso “hay familias y personas que no pueden acceder a los circuitos de donación, pero que cada vez tienen más dificultades para llegar a fin de mes y comprar alimentos básicos”. Sin embargo, defendió que la Ley de economía circular de 2022 ya cumple el objetivo de la propuesta y regula las medidas, por lo que la cuestión no es estudiar nuevos convenios, sino “garantizar que la ley y el reglamento se apliquen de manera efectiva a todos los actores implicados, con una supervisión más firme de su cumplimiento”.
