El Govern ha presentado un nuevo proyecto de ley destinado a las personas con discapacidad. Esta iniciativa tiene como objetivo principal adaptar el marco normativo andorrano a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD). Con esta legislación, se actualizarán los contenidos de la ley vigente y se reforzará el enfoque basado en los derechos humanos.
La ministra de Asuntos Sociales, Trini Marín, ha señalado que, además de consolidar las garantías existentes, el texto introduce medidas innovadoras orientadas a fortalecer los derechos, fomentar la autonomía personal y asegurar la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.
Medidas destacadas del proyecto de ley
Entre las novedades más relevantes, el proyecto establece una nueva modalidad de jubilación anticipada por motivo de envejecimiento prematuro. Esta opción estará disponible para las personas con discapacidades más severas o con patologías asociadas, permitiendo que puedan jubilarse hasta cinco años antes de la edad ordinaria, manteniendo la prestación íntegra, y será financiada por la CASS.
Asimismo, la ley refuerza el enfoque preventivo y la intervención temprana. Se contempla la posibilidad de ofrecer apoyos y prestaciones a personas que, sin alcanzar el grado mínimo reconocido legalmente de discapacidad, presenten necesidades específicas de acompañamiento. Esta medida garantiza una respuesta más flexible y adaptada a cada situación.
Acceso a la educación y actividades terapéuticas
En cuanto a las prestaciones sociales y la educación, el texto asegura el acceso en igualdad de condiciones a las escuelas infantiles para los niños con discapacidad hasta la edad de escolarización. Además, adapta el contrato de aprendizaje para tener en cuenta las particularidades de este colectivo y facilitar su inserción laboral.
El proyecto también regula las actividades con finalidad terapéutica, una demanda reiterada por parte del colectivo y de los profesionales. Esta regulación permitirá el acceso a dichas actividades a todas las personas con discapacidad que lo necesiten, incluso en casos de alta invalidez.
Derechos en el ámbito de la justicia
En el ámbito de la justicia, la ley prevé asistencia letrada gratuita para las víctimas de conductas discriminatorias o capacitistas, así como la obligación de establecer protocolos de coordinación entre el Gobierno y los distintos operadores judiciales y policiales para minimizar los efectos de los delitos y evitar la victimización secundaria.
Además, se implementan medidas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en situaciones de detención o proceso judicial, incluyendo el acceso restringido a datos relevantes por parte de las autoridades competentes y la posibilidad de activar procedimientos de evaluación urgente en caso de sospecha de discapacidad.
Régimen sancionador
Finalmente, el proyecto de ley incorpora un régimen sancionador supletorio que permitirá sancionar conductas que vulneren los derechos de las personas con discapacidad en ausencia de normativa sectorial específica. El objetivo es garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos y la no discriminación.
