Concòrdia considera insuficiente la descongelación de los alquileres propuesta por el Gobierno, ya que no aborda los problemas de fondo de la vivienda. La congelación del mercado de alquiler es una medida que nunca debió ser necesaria. Con esta premisa, el grupo parlamentario de Concòrdia ha presentado sus enmiendas al Proyecto de ley de aprobación del régimen jurídico aplicable a los contratos de arrendamiento de vivienda para residencia habitual y permanente para el período 2027-2030. La formación sostiene que el nuevo texto es una medida más, similar a las que ha presentado el Gobierno anteriormente, que «han servido para ganar tiempo, pero no para atacar la raíz del problema», ha expresado la presidenta suplente del grupo parlamentario, Núria Segués, ya que los precios del mercado de vivienda continúan en aumento. Las cifras lo demuestran: desde noviembre de 2023, el precio de alquiler ha aumentado un 27%, mientras que el de compraventa lo ha hecho un 28%.
Propuestas de Concòrdia
Concòrdia plantea tres medidas específicas. En primer lugar, un incremento únicamente del IPC en los contratos que se encuentran por debajo de 12,9 euros/m². En segundo lugar, que aquellos contratos que están por debajo del precio/m² del parque público de vivienda puedan actualizarse en un plazo de cinco años hasta alcanzar el precio establecido por parroquia. Y, en tercer lugar, que en caso de que un inquilino decida abandonar el piso, el nuevo contrato deberá tomar como referencia el contrato anterior. Además, la formación propone que ningún inquilino pueda ser expulsado de su vivienda habitual si no ha incumplido ninguna cláusula contractual o ha impedido la buena convivencia.
El grupo parlamentario complementa estas propuestas con otras medidas legislativas que ya defiende desde hace tiempo para frenar la escalada de precios en el sector inmobiliario, como una moratoria a la inversión extranjera inmobiliaria y el aumento del impuesto de plusvalías, que actualmente es del 5% en las compraventas entre dos y cinco años, uno de los porcentajes más bajos de Europa. «Se trata de una ley de supervivencia política», ha manifestado el presidente del grupo parlamentario, Cerni Escalé, quien ha solicitado medidas más audaces por parte del Ejecutivo para detener las situaciones de abuso en el mercado. En este contexto, se plantea una política de contención migratoria con una reducción de las cuotas de inmigración, con el objetivo de alcanzar una situación de equilibrio demográfico para 2030, ya que un crecimiento poblacional como el actual (un 10% en 3 años) no es sostenible.
Desafíos económicos en Andorra
Con datos del Departamento de Estadística, Concòrdia ha justificado estas propuestas y ha recordado que cada vez es más difícil vivir en Andorra con un salario cercano a la media (2.298 euros mensuales), a pesar de las medidas implementadas por el Gobierno desde 2023. Un ejemplo con precios actualizados a marzo de este año (26 euros/m²): para un piso de 80 m², una persona que gana cerca del salario medio enfrenta una sobrecarga económica del 95% por el alquiler de su vivienda. Núria Segués ha advertido que ante esta situación, la descongelación de los alquileres conducirá a una situación muy injusta, “con dos realidades dentro del mismo mercado”: por un lado, contratos congelados con cierta protección; y, por otro, nuevos contratos con precios de alquiler desbocados como resultado de la congelación de 2023. También ha anticipado un panorama preocupante a partir de 2030, cuando la desregulación de los alquileres sea completa, según la nueva ley propuesta por el Ejecutivo. “Nos dirigimos a sufrir el mismo problema y a seguir prorrogando medidas de urgencia para proteger el mercado”, ha expresado.
Finalmente, Cerni Escalé ha solicitado celeridad con el Registro de la Propiedad y la aplicación efectiva del impuesto a los pisos vacíos. Además, teniendo en cuenta que con esta nueva ley, el registro de los contratos de arrendamiento dependerá directamente del Ministerio de Economía y Vivienda, y no del Instituto Nacional de la Vivienda (INH), Concòrdia ha denunciado la duplicidad de estructuras que dependen del Gobierno.
