Concòrdia considera insuficiente la descongelación de los alquileres propuesta por el Gobierno, ya que no aborda los problemas de fondo de la vivienda. La congelación del mercado de alquiler es una medida que nunca debió ser necesaria. Con esta premisa, el grupo parlamentario de Concòrdia ha presentado sus enmiendas al Proyecto de ley de aprobación del régimen jurídico aplicable a los contratos de arrendamiento de vivienda para residencia habitual y permanente para el período 2027-2030.
Críticas a las medidas actuales
La formación política sostiene que el nuevo texto es una medida coyuntural más, como las que ha presentado hasta ahora el Gobierno, que “han servido para ganar tiempo, pero no para atacar la raíz del problema”, ha expresado Núria Segués, presidenta suplente del grupo parlamentario. Los precios del mercado de la vivienda continúan en aumento, con un incremento del 27% en el alquiler y del 28% en la compraventa desde noviembre de 2023.
Concòrdia plantea tres medidas específicas. En primer lugar, un incremento únicamente del IPC en los contratos que se encuentren por debajo de los 12,9 euros/m². En segundo lugar, que aquellos contratos que estén por debajo del precio/m² del parque público de vivienda se puedan actualizar en un plazo de cinco años hasta alcanzar el precio establecido por parroquia. Y, en tercer lugar, que en caso de que un inquilino decida abandonar el piso donde reside, el nuevo contrato deba tomar como referencia el contrato anterior.
Propuestas adicionales y advertencias
Además, la formación propone que no se pueda expulsar a ningún inquilino de su vivienda habitual si este no ha incumplido ninguna cláusula contractual o ha impedido la buena convivencia. El grupo parlamentario complementa estas propuestas con otras medidas legislativas que ya defiende desde hace tiempo para detener el aumento de precios en el sector inmobiliario, como una moratoria a la inversión extranjera inmobiliaria y un incremento del impuesto de plusvalías. Actualmente, este impuesto es del 5% en las compraventas entre dos y cinco años, uno de los más bajos de Europa.
“Se trata de una ley de supervivencia política”, ha afirmado Cerni Escalé, presidente del grupo parlamentario, quien ha solicitado medidas más audaces por parte del Ejecutivo para frenar situaciones de abuso en el mercado. Como apoyo a estas iniciativas, se propone una política de contención migratoria que reduciría las cuotas de inmigración, buscando alcanzar un equilibrio demográfico para 2030, ya que un crecimiento poblacional del 10% en tres años no es sostenible.
La difícil situación de los inquilinos
Concòrdia ha justificado sus propuestas con datos del Departamento de Estadística, recordando que cada vez es más complicado vivir en Andorra con un salario cercano a la media (2.298 euros mensuales), a pesar de las medidas implementadas por el Gobierno desde 2023. Por ejemplo, con precios actualizados en marzo de este año (26 euros/m²), un piso de 80 m² para alguien que gana cerca del salario medio implicaría una carga económica del 95% por concepto de alquiler.
Núria Segués ha alertado que, ante esta situación, la descongelación de los alquileres generará una situación muy injusta “con dos realidades dentro del mismo mercado”: por un lado, contratos congelados con cierta protección; y, por otro, nuevos contratos con precios de alquiler desorbitados como resultado de la congelación de 2023. También ha previsto una situación preocupante a partir de 2030, cuando la desregulación de los alquileres sea total, según la nueva ley que propone el Ejecutivo. “Nos encaminamos a sufrir el mismo problema y a continuar prorrogando medidas de urgencia para proteger el mercado”, ha declarado.
Demandas urgentes al Gobierno
Finalmente, Cerni Escalé ha pedido celeridad en el Registro de la Propiedad y la aplicación efectiva del impuesto a los pisos vacíos. Además, considerando que con esta nueva ley el registro de los contratos de arrendamiento dependerá directamente del Ministerio de Economía y Vivienda, y no del Instituto Nacional de la Vivienda (INH), Concòrdia ha denunciado la duplicidad de estructuras que dependen del Gobierno.
