La dignidad no es una ayuda
Hay algo profundamente inquietante en la dirección que está tomando el debate público. Cada vez que surge un problema, la respuesta parece ser la misma: una prestación. Como si la ambición colectiva de un país se hubiera reducido a gestionar las dificultades de sus ciudadanos, en lugar de evitarlas.
El caso del acceso a la vivienda
El acceso a una vivienda digna es, probablemente, el ejemplo más evidente. Durante años se han ignorado las señales de alerta. Se ha aceptado que el acceso a un hogar digno se convierta en una carrera cada vez más difícil para las personas que trabajan, pagan impuestos y sostienen el país con su esfuerzo diario. Se ha permitido que los precios se alejen de la realidad salarial de la mayoría de los habitantes. Y ahora, cuando el problema es imposible de ocultar, la gran respuesta son las ayudas.
Ayuda para pagar el alquiler. Ayuda para llegar a fin de mes. Ayuda para compensar lo que las políticas públicas no han sido capaces de garantizar.
La creciente precariedad
Sin embargo, la realidad es obstinada. Mientras se multiplican las líneas de ayuda, también aumentan las alertas de las entidades sociales sobre el incremento de la precariedad. Asociaciones que trabajan día a día con las familias advierten que cada vez hay más personas que, a pesar de tener empleo, enfrentan dificultades para cubrir los gastos básicos. Cáritas, por ejemplo, alerta en su memoria de 2025 sobre una mayor complejidad de los casos atendidos. Cada vez hay más hogares que viven al límite, más personas que renuncian a proyectos de vida y más jóvenes que ven la emancipación como una meta prácticamente inalcanzable.
Es una paradoja que debería hacer reflexionar a cualquier gobierno: si cada vez se destinan más recursos a compensar las dificultades de las familias, pero estas dificultades continúan creciendo, quizás no estamos ante la solución del problema, sino ante su administración. Y hay una pregunta que nadie parece querer formular: ¿qué modelo de sociedad estamos construyendo?
La normalización de la dependencia
Una cosa es proteger a quienes atraviesan una situación difícil. Esto es una obligación moral y política. Otra muy distinta es asumir como normal que una parte creciente de la población necesite ayuda permanente para poder vivir con un mínimo de dignidad.
Cuando una persona trabaja y no puede acceder a una vivienda sin subvenciones, no estamos ante un problema individual. Estamos ante el fracaso de un modelo. Cuando se presenta como una gran solución que una persona o una pareja puedan acceder a una vivienda pública de 35 metros cuadrados, no estamos resolviendo una emergencia. Estamos redefiniendo a la baja las expectativas de toda una generación. Y esto es, probablemente, lo más preocupante de todo.
Un futuro incierto
No solo se han deteriorado las condiciones materiales de vida. También se está deteriorando lo que consideramos aceptable. Se nos pide que celebremos como un éxito situaciones que hace solo unos años habríamos considerado un fracaso colectivo. Se nos pide que normalicemos que los jóvenes no puedan emanciparse. Que las familias destinen una parte desproporcionada de sus ingresos a la vivienda. Que trabajar ya no sea garantía de prosperidad. Y que la ayuda pública sea una necesidad permanente y no un recurso excepcional.
Quizás el problema es que hemos dejado de hablar de dignidad. Porque la dignidad no consiste en depender de una convocatoria pública para poder pagar un alquiler. La dignidad no consiste en competir por una ayuda, para compensar lo que el mercado y las instituciones han dejado de garantizar. La dignidad consiste en poder construir un proyecto de vida con autonomía, en tener la certeza de que el esfuerzo permite avanzar y que el futuro puede ofrecer oportunidades reales. En definitiva, saber que trabajar tiene sentido.
Un llamado a la reflexión
Un gobierno debería aspirar a crear ciudadanos libres, no ciudadanos dependientes. Debería trabajar para que las personas necesiten menos ayudas, no para que cada año tengan que solicitar más. Las ayudas son necesarias cuando alguien cae. Nadie lo discute. Pero cuando una sociedad entera comienza a necesitar ayudas para mantenerse en pie, el problema ya no son las personas. El problema es el modelo.
Y tal vez ha llegado el momento de tener el coraje político de hablar de esto. No para discutir cuántas ayudas más podemos crear, sino para preguntarnos por qué cada vez hay más ciudadanos que las necesitan. Porque el objetivo de una sociedad justa no es repartir dependencia de manera más eficiente, sino garantizar dignidad, autonomía y oportunidades para todos.
Sílvia Mosquera, Copresidenta de Concòrdia
