Detrás de cada solicitud de ayuda a la vivienda hay una economía doméstica que intenta cuadrar. Un alquiler, unos ingresos y una pregunta que puede repetirse cada mes: cuánto quedará después de pagar la casa.
El Govern ha comunicado este 26 de octubre una modificación del Programa 30-40 que amplía su acceso. El ingreso mínimo exigido a las personas adultas que trabajan pasa de 1,2 salarios mínimos al equivalente de un salario mínimo. La rebaja permitirá solicitar el apoyo a personas que no alcanzaban el umbral inicial, siempre que cumplan las demás condiciones.
Es una ampliación relevante. También abre una primera pregunta: ¿cuántas personas quedaban fuera con el requisito anterior y cuántas podrán entrar ahora? Publicar esa estimación permitiría conocer la dimensión del cambio.
Quince años de residencia: una frontera que permanece
La información oficial mantiene la exigencia de acreditar quince años de residencia legal, efectiva y permanente, ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la solicitud. Contempla determinados supuestos de estancias en el extranjero que pueden computar si se justifican.
Este requisito merece una explicación pública. ¿Qué respuesta recibirán los hogares que soportan una carga elevada de alquiler, pero todavía no han alcanzado esa antigüedad? Quedar fuera de este programa no significa necesariamente carecer de otras ayudas; sí obliga a aclarar qué alternativas existen y si resultan suficientes.
El porcentaje anunciado y el alquiler que se paga
Para los alquileres, el programa establece porcentajes de esfuerzo económico del 30 % al 36 %, según la renta equivalente del hogar. Sin embargo, la cuantía subvencionable tiene un límite ligado al precio de referencia del parque público de la parroquia, incrementado un 20 %. Por tanto, esos porcentajes no garantizan que cualquier familia beneficiaria termine destinando, como máximo, esa parte de sus ingresos a su alquiler real.
Aquí hacen falta ejemplos comprensibles: una persona sola, una familia con hijos o un pensionista, con alquileres de distintos importes. ¿Cuánto recibirían y cuánto tendrían que seguir pagando de su bolsillo?
Solicitar en noviembre, efectos desde enero
Según el calendario comunicado por el Ejecutivo, las solicitudes podrán presentarse desde el 1 de noviembre de 2026. Los efectos económicos comenzarán el 1 de enero de 2027, o desde la solicitud si es posterior. La apertura del trámite no supone una cobertura de noviembre y diciembre.
También cambia la coordinación con Afers Socials: quienes cumplan las condiciones deberán solicitar preferentemente el Programa 30-40. Para los actuales beneficiarios de una ayuda al alquiler, una concesión favorable implicará la renuncia automática a la prestación anterior. Conviene explicar cómo se evitarán interrupciones durante esa transición.
El calendario político exige resultados verificables
Ante la próxima contienda electoral, la vivienda merece un escrutinio especialmente cuidadoso. La coincidencia de un anuncio con ese horizonte no demuestra una intención electoralista. Tampoco exime al Govern de explicar sus resultados.
¿Cuántas solicitudes se aprobarán? ¿Cuántas se denegarán y por qué motivos? ¿Qué presupuesto se ejecutará y cuánto disminuirá el esfuerzo económico de los hogares?
Las ayudas pueden ofrecer un respiro necesario. Para evaluar su alcance habrá que comprobar, además, si las familias consiguen conservar su vivienda o acceder a otra que puedan pagar.
Porque la medida de una política de vivienda también está en esa tranquilidad cotidiana: ¿cuántas personas podrán dejar de preguntarse si el próximo año seguirán teniendo un hogar en Andorra?
