El Consell de Ministres ha aprobado recientemente, a propuesta de la titular de Justícia y Interior, Ester Molné, un nuevo reglamento para el Registro de asociaciones. Este texto refuerza la transparencia y la lucha contra el blanqueo de capitales, al mismo tiempo que moderniza la gestión y la comunicación con las entidades inscritas.
La nueva regulación sustituye al reglamento vigente desde el año 2001, que fue modificado en 2024, e incorpora las reformas necesarias para adaptar el funcionamiento del Registro a los estándares actuales de transparencia, seguridad jurídica y control administrativo.
Novedades en el reglamento
Entre las principales novedades, destaca la modificación de doce artículos del reglamento que permiten la inscripción de los datos relativos a los beneficiarios efectivos de las asociaciones. Este avance facilita una mejor identificación de las personas que ejercen el control efectivo de las entidades y refuerza los instrumentos de prevención y detección de actividades vinculadas al blanqueo de capitales y al financiamiento del terrorismo.
Asimismo, se prevé la inscripción obligatoria de una dirección electrónica institucional de las asociaciones, lo que facilitará la comunicación entre la Administración y las entidades, garantizando así una relación más ágil, eficiente y segura.
Declaraciones de autoridades
El secretario de Estado de Justícia y Interior, Joan León, ha destacado que “esta actualización normativa refuerza la transparencia del tejido asociativo del país y dota a la Administración de mecanismos más eficaces para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo”.
León ha añadido que “el nuevo reglamento permite disponer de información más completa, actualizada y fiable sobre las entidades inscritas, lo que contribuye a fortalecer la seguridad jurídica y la confianza en el sistema registral andorrano”.
Finalmente, se incorpora una disposición adicional que posibilita regularizar e inscribir de oficio la identificación de los beneficiarios efectivos de aquellas entidades que ya habían aportado esta información con anterioridad.
Dada la amplitud de las modificaciones introducidas y con el objetivo de facilitar la consulta y la aplicación de la normativa, el Gobierno ha optado por aprobar un nuevo reglamento completo en lugar de una reforma parcial del texto vigente.
