Cerni Escalé sobre la crisis de la vivienda: “Es una crisis de arraigo, de dolor por el territorio perdido y de expulsión de gente que necesitamos”.
El tema de la vivienda ha sido el protagonista de una reciente sesión del Consell General. Este jueves, en relación a la Ley de aprobación del régimen jurídico aplicable a los contratos de arrendamiento de vivienda para residencia habitual y permanente para el período 2027-2030, también conocida como la ley que busca permitir la desintervención de los contratos de alquiler, el grupo parlamentario de Concòrdia ha votado en contra.
Preocupaciones sobre el mercado de la vivienda
“Es difícil estar en esta sesión sin tener un déjà-vu”, expresó el presidente del grupo parlamentario de Concòrdia, Cerni Escalé, al iniciar su intervención, reflejando las numerosas sesiones en las que se ha debatido sobre la vivienda, “y la situación ha ido degradándose sin parar”. Escalé lamentó que “estamos, francamente, muy estancados”, dado que este debate se ha mantenido desde el año 2023.
El parlamentario recordó la apertura descontrolada que tuvo lugar desde 2011 con la Ley de inversión extranjera, y ahora se enfrentan a medidas demasiado intervencionistas y agresivas para el mercado de alquiler. “La congelación no debería haber tenido lugar nunca y es fruto del descontrol que ha habido en estos años”, afirmó. Esta dinámica responde a tres causas principales.
Causas de la crisis
La primera causa mencionada por Escalé es la inversión extranjera inmobiliaria, que se ha permitido e incentivado hasta la fecha, en un mercado de oferta limitada. La segunda causa es el descontrol demográfico, consecuencia de un modelo de país basado en el low cost (nuevas actividades económicas que requieren mucho personal para operar y un turismo masivo). La tercera causa es un modelo de transmisión patrimonial que refuerza la especulación, es decir, la venta de un inmueble poco después de haberlo adquirido a un precio mucho más alto. “Los impuestos solo deberían aumentarse en los productos especulativos. Se deben desincentivar”, afirmó Escalé, preguntándose “¿cuántos millones nos habríamos ahorrado al abordar estas tres causas?”.
Escalé también detalló las principales medidas que su formación impulsaría para redirigir la situación. Por un lado, propone una moratoria a la inversión extranjera inmobiliaria hasta que se relaje la situación. También sugiere aumentar las plusvalías para aquellas personas que realizan “piratería”, comprando y vendiendo propiedades en poco tiempo.
Propuestas para el futuro
En lo que respecta a los alquileres, Escalé aboga por permitir incrementos en aquellos contratos que se encuentran por debajo del precio de los pisos del parque público de vivienda, debido al aumento de los gastos; y permitir un aumento del IPC hasta el precio medio de mercado, ya que es necesario realizar reformas en los inmuebles en pro de la calidad de vida de las personas. “Defendemos a los propietarios responsables, que son muchos”, agregó Escalé, quien también destacó que no se debería poder desalojar a un inquilino si no es por incumplimiento. “No es justificable que alguien que acaba de llegar al país pueda ocupar la vivienda de alguien que lleva cinco años en ella”, expresó.
Por último, defendió la necesidad de impedir incrementos entre contratos de alquiler por abandono voluntario del contrato, ya que esto provoca la creación de un doble mercado. “Todo esto, unido a una política de contención migratoria”, concluyó Escalé, quien destacó que “hay muchas familias en situación de precariedad por una mala gestión del crecimiento”, cuestionándose “¿de qué nos sirve que la economía del país crezca si las familias son más pobres?”.
Reforma del reglamento del Consell General
El presidente del grupo parlamentario finalizó defendiendo una nueva centralidad política y un nuevo equilibrio, señalando que la crisis de la vivienda va mucho más allá. “Es una crisis de arraigo, de dolor por el territorio perdido, de ver el país desfigurado, de expulsión y no retorno de gente que necesitamos; una crisis empresarial de pérdida de competitividad de las empresas andorranas ante las extranjeras, de falta de profesionales en sectores como el de la sanidad, y una crisis de falta de gobernanza del Gobierno”, expresó.
Unanimidad en la reforma del reglamento del Consell General y modificación de la Ley de marcas.
El conjunto de la cámara ha validado, por unanimidad, la actualización del reglamento del Consell General, que refuerza cuatro grandes ámbitos, según destacó el conseller general Jordi Casadevall. En primer lugar, la transparencia y la ética parlamentaria, con nuevas obligaciones de declaración para los parlamentarios, como los intereses privados relacionados con la actividad pública. En segundo lugar, los derechos de información de los consellers y conselleres generales, lo que “les dota de una posición jurídica mucho más fuerte”, estableciendo que el derecho de acceso forma parte del contenido esencial de la tarea parlamentaria, con carácter preferente.
Mejoras en el funcionamiento parlamentario
En tercer lugar, se refuerza el funcionamiento de las comisiones, con una regulación más detallada, especialmente en lo que respecta a las comisiones de investigación, para las cuales se crea un régimen específico, con suspensión de los trabajos si se abre un procedimiento judicial. “Espero que este mecanismo de suspensión no provoque una inoperatividad, de hecho, de las comisiones de investigación, y que posibles responsabilidades políticas no se puedan acabar depurando”, expresó Casadevall. Finalmente, el nuevo reglamento también moderniza los procedimientos, regulando, por ejemplo, el voto no presencial (en casos de embarazo, enfermedad grave…). Casadevall celebró que la reforma “acerca el reglamento del Consell General a los estándares de los parlamentos europeos”, aunque para futuras reformas, sugirió que se debería crear un registro público de intereses de los consellers y conselleres generales.
En cuanto a la modificación de la Ley de marcas, esta surgió a partir de una problemática muy concreta: el aprovechamiento de bienes que forman parte del patrimonio cultural colectivo, como es el cap de l’ossa, para uso privado (permitiendo el registro de marca). Para evitar que un privado pueda apropiarse de elementos constitutivos de una fiesta popular que se comparte y se transmite entre generaciones, se ha legislado para impedir futuras inscripciones. Además, se ha aprobado con la incorporación, a propuesta del grupo parlamentario de Concòrdia, que el Ministerio de Cultura deba emitir un informe no vinculante en caso de que las marcas puedan afectar bienes culturales.
