El Govern ha aprobado un nuevo marco legal destinado a regular las profesiones tituladas y reguladas en el ámbito de la economía y la empresa. Esta iniciativa busca actualizar y ordenar las normativas que rigen un sector cada vez más especializado, el cual desempeña un papel fundamental en la actividad económica del país.
La futura ley establece las reglas comunes para el ejercicio de profesiones vinculadas a los ámbitos económico, empresarial, financiero, contable y tributario. Con ello, se pretende reforzar la calidad de los servicios, la seguridad jurídica y la protección de los clientes.
Delimitación de actividades y asesoramiento fiscal
Una de las principales novedades que propone este proyecto es la delimitación clara de las actividades que son exclusivas para los economistas. De esta manera, informes económicos y financieros, valoraciones de empresas, peritajes, estudios de solvencia o trabajos relacionados con cuentas consolidadas deberán ser elaborados solamente por estos profesionales, siempre que la ley lo estipule expresamente.
Asimismo, el texto aclara que muchas otras funciones en el ámbito económico y empresarial seguirán siendo compartidas con otros profesionales cualificados, evitando así interpretaciones excesivamente restrictivas.
Requisitos y estándares elevados
La ley también regula el asesoramiento fiscal y tributario cualificado, actividad que podrá ser ejercida tanto por economistas como por abogados. Se considera asesoramiento cualificado aquel que involucra análisis e interpretación de la normativa tributaria, planificación fiscal o defensa técnica de los intereses del cliente. No obstante, las tareas meramente administrativas o de tramitación no se incluirán dentro de esta actividad regulada.
Para poder ejercer esta especialización, los economistas deberán acreditar experiencia y formación específica, lo que contribuirá a reforzar las garantías para los usuarios de estos servicios.
Marco común y periodo de adaptación
Esta norma establece un marco común de derechos y obligaciones para los profesionales, basado en principios como la competencia técnica, la independencia, la responsabilidad, la confidencialidad y la prevención de conflictos de interés.
Además, regula aspectos como la formación continua, el secreto profesional, los seguros de responsabilidad civil y el régimen de incompatibilidades, con el objetivo de asegurar estándares elevados de calidad en la prestación de servicios.
El proyecto también crea un Registro de sociedades prestadoras de servicios profesionales de la economía y la empresa, que será gestionado por el Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra. En este registro deberán inscribirse las sociedades que ofrezcan estos servicios en nombre propio, debiendo acreditar una implantación real en el país y disponer de los recursos necesarios para desarrollar su actividad.
Finalmente, la ley contempla un periodo transitorio de dieciocho meses para que los profesionales y las sociedades se adapten a los nuevos requisitos antes de que sean plenamente exigibles, asegurando así una implementación progresiva y ordenada del nuevo marco normativo.
