El Govern ha dado inicio a un procedimiento de dissolución administrativa sin liquidación que afecta a un total de 2.777 sociedades mercantiles que se consideran presumiblemente inactivas. Esta decisión se ha tomado tras comprobar que estas entidades han incumplido, durante al menos dos ejercicios consecutivos, dos o más de las obligaciones relacionadas con el depósito de cuentas anuales, la presentación de declaraciones tributarias exigibles o la declaración de los beneficiarios efectivos.
La lista de las sociedades afectadas será publicada este miércoles en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), siguiendo lo estipulado por la Llei 17/2026, del 14 de julio. Esta medida responde a uno de los objetivos prioritarios del Gobierno para actualizar y depurar el Registro de Sociedades, que actualmente cuenta con un total de 18.415 registros.
Objetivos de la disolución
La acción busca reforzar la calidad de la información disponible y aumentar la transparencia y la seguridad jurídica de la actividad económica en el Principado. Durante el mes posterior a la entrada en vigor de la ley, las sociedades en situación de incumplimiento tuvieron la oportunidad de regularizar su situación. Al finalizar este plazo, el Departamento de Registros Jurídicos y Económicos ha identificado a 2.777 sociedades que presentan indicios claros de inactividad debido a la falta de cumplimiento de sus obligaciones legales.
Con la publicación del edicto, comienza la fase de identificación previa del procedimiento. Una vez publicado, los órganos de administración de las sociedades afectadas contarán con un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones y aportar la documentación o justificaciones pertinentes.
Consecuencias para los administradores
El objetivo del procedimiento es determinar cuáles sociedades mantienen una actividad efectiva y cuáles han cesado de facto sus operaciones sin cumplir con las obligaciones derivadas de su condición de sociedades mercantiles. En aquellos casos donde no se desvirtúen los indicios de inactividad, se podrá proceder a la dissolución administrativa sin liquidación de la sociedad.
La normativa también establece consecuencias para los administradores responsables de los incumplimientos que hayan motivado la disolución. En concreto, la resolución definitiva de disolución administrativa sin liquidación conlleva la prohibición temporal de ejercer funciones de administración o dirección en cualquier sociedad mercantil inscrita en el Principado de Andorra por un periodo de un año.
Sin embargo, esta consecuencia solo se aplicará a aquellos administradores que sean considerados responsables de los incumplimientos. El procedimiento garantiza el derecho de audiencia y defensa de los interesados, permitiendo que los administradores presenten pruebas y justificaciones que demuestren que no son responsables de los incumplimientos detectados.
Esta actuación se enmarca en la voluntad del Gobierno de contar con un registro societario actualizado, fiable y alineado con los estándares internacionales de transparencia y buen gobierno, contribuyendo así a mejorar la calidad de la información económica y mercantil del país.
