Las medidas implementadas en los últimos meses para mejorar la movilidad en Andorra continúan mostrando resultados positivos. Este jueves, la Taula Nacional de Mobilitat ha señalado que la reorganización de la circulación en el carrer de la Unió ha permitido reducir el tiempo de desplazamiento en este eje un 21% durante el primer mes de su funcionamiento, y hasta un 26% dos meses después de su implantación. Además, las estadísticas recientes indican que la movilidad en vehículo a lo largo del país ha disminuido cerca de un 5% en 2025, a pesar del aumento poblacional registrado del 2,1%.
Reunión de la Taula Nacional de Mobilitat
Estos datos fueron presentados durante la reunión de la Taula Nacional de Mobilitat, presidida por el secretario de Estado de Transición Energética, Transportes y Movilidad, David Forné. En esta reunión participaron representantes del Gobierno, el director de la Policía y los cónsules mayores y menores de las siete parroquias del país. Los asistentes valoraron de manera positiva esta evolución, que confirma que las políticas implementadas en materia de movilidad están ayudando a reducir la presión sobre la red viaria y a avanzar hacia un modelo de desplazamientos más eficiente y sostenible.
“Estamos impulsando una nueva manera de entender la movilidad, más eficiente, más sostenible y más adaptada a la realidad del país. Los resultados que observamos hoy en el carrer de la Unió y en los datos globales de tráfico demuestran que, cuando hay planificación, consenso y valentía para tomar decisiones, los resultados llegan”, destacó David Forné durante la reunión.
Futura Ley de Movilidad Sostenible
La reunión también sirvió para presentar los primeros trabajos relacionados con la redacción de la futura Ley de Movilidad Sostenible. Esta iniciativa busca dotar a Andorra de un marco normativo moderno que responda a los desafíos de los próximos años. La nueva normativa deberá convertir la movilidad en una política transversal del país, integrando aspectos como la planificación de los desplazamientos, el impulso del transporte público, la reducción de las emisiones asociadas al transporte, la promoción de la movilidad activa, la seguridad vial, la calidad del aire y la adaptación a los objetivos de acción climática.
Asimismo, la normativa deberá fortalecer la coordinación entre las distintas administraciones y facilitar la toma de decisiones basada en datos y criterios técnicos. Esta orientación es coherente con las líneas estratégicas de movilidad sostenible y transporte público promovidas por el Gobierno.
