El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha hecho públicas esta tarde las observaciones finales sobre el informe de Andorra en relación con la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Este informe surge tras el diálogo interactivo realizado el 2 y 3 de marzo de 2026 en Ginebra con 18 expertos independientes del Comité.
Estas observaciones marcan la conclusión de la primera evaluación de Andorra en el contexto del mecanismo de supervisión de los órganos de tratados de las Naciones Unidas.
Apreciación de los avances en derechos humanos
En sus conclusiones, el Comité resalta varios aspectos positivos alcanzados por Andorra en los últimos años, en línea con los elementos presentados por la delegación andorrana durante la sesión en Ginebra. Entre estos logros, se valora el impulso del marco normativo en materia de igualdad y no discriminación, las iniciativas para fomentar la participación ciudadana, las políticas de protección de niños y adolescentes, el desarrollo de estrategias sobre cambio climático y sostenibilidad, así como el refuerzo institucional en la lucha contra la violencia de género.
Asimismo, el Comité reconoce de manera positiva la adhesión de Andorra a diversos instrumentos internacionales clave en materia de derechos humanos, como el Convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad y el Protocolo de la Convención sobre los derechos del niño relativo al procedimiento de comunicaciones. También se valoran los esfuerzos realizados para fortalecer instituciones existentes como el Defensor del Pueblo en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos.
Recomendaciones para avanzar
Esta valoración se enmarca en la línea defendida por Andorra durante su presentación ante el Comité, donde la delegación expuso las políticas públicas promovidas en áreas como la educación inclusiva, la protección de colectivos vulnerables, los derechos de las personas con discapacidad, la atención a refugiados, la protección de niños y adolescentes y la promoción de la igualdad de género.
Al mismo tiempo, el Comité formula un conjunto de recomendaciones orientadas a continuar avanzando en la plena implementación del Pacto. Entre las cuestiones señaladas, se destaca la necesidad de avanzar en la creación de una institución nacional de derechos humanos de acuerdo con los Principios de París, impulsar una estrategia global de lucha contra la corrupción y reforzar el marco normativo e institucional para prevenir y combatir todas las formas de discriminación y los discursos de odio.
Nuevos ámbitos de trabajo
Las observaciones finales también apuntan a nuevos ámbitos de trabajo en temas como los derechos sexuales y reproductivos, la adaptación al cambio climático, la reducción del uso de la detención provisional, la prevención del tráfico de seres humanos, la definición de un marco jurídico completo en materia de asilo y apatridia, así como la promoción de la participación en los asuntos públicos. El Comité ha solicitado que el Gobierno difunda el contenido del Pacto y de los dos Protocolos facultativos a la ciudadanía y a las autoridades más directamente implicadas.
El Gobierno acoge estas observaciones como una oportunidad para seguir mejorando sus políticas públicas y reforzar el sistema de garantías de los derechos fundamentales. En este sentido, continuará trabajando de manera transversal para analizar y dar seguimiento a las recomendaciones formuladas, en diálogo con las instituciones competentes y la sociedad civil, con la intención de seguir avanzando en la aplicación efectiva y la difusión de los compromisos internacionales asumidos por el país.
Compromisos futuros
El Comité ha solicitado a Andorra que informe antes del 19 de marzo de 2029 sobre el seguimiento de las recomendaciones relativas a la institución nacional de derechos humanos, la interrupción voluntaria del embarazo y la libertad de expresión. El próximo ciclo de examen prevé que Andorra reciba una nueva lista de puntos en 2032 y que el próximo diálogo constructivo tenga lugar en 2034 en Ginebra.
