Andorra enfrenta una compleja crisis de vivienda que se refleja en una paradoja inquietante: mientras muchas familias buscan desesperadamente un hogar, existen pisos públicos vacíos que no encuentran adjudicatarios, según un análisis detallado de la situación actual.
En el edificio Borda Nova I, donde se construyeron 44 pisos de alquiler asequible, 36 fueron adjudicados y ocho permanecen sin asignar para una nueva convocatoria. Este hecho no indica falta de interés, sino que las personas admitidas no siempre cumplen con los requisitos específicos de acceso, como el perfil familiar o el número de habitaciones, lo que dificulta la adjudicación.
Desajuste entre demanda y requisitos
El Instituto Nacional de la Vivienda registraba en julio cerca de 1.300 solicitudes, pero solo unas 400 cumplían las condiciones exigidas. Esto deja a aproximadamente 900 personas fuera o pendientes de resolución favorable. Esta discrepancia plantea la necesidad de revisar el sistema de acceso, ya que muchos solicitantes no reúnen los criterios, pero la brecha es demasiado grande para ignorarla.
El Partido Socialdemócrata ha solicitado una revisión del sistema, y medios como Altaveu han destacado las quejas sobre las condiciones económicas que podrían estar excluyendo a quienes realmente necesitan ayuda. El Gobierno está considerando introducir cambios para que, en casos de urgencia residencial o desahucio sin alternativa, algunas personas puedan acceder a pisos del parque asequible, aunque una vivienda asequible no equivale necesariamente a una vivienda social.
El impacto económico en las familias
Los datos oficiales evidencian la presión económica que supone la vivienda. En 2025, cada hogar destinó una media de 19.396 euros a vivienda y suministros, un 11,7 % más que el año anterior, representando el 32,8 % del gasto familiar total. Para los inquilinos con menos recursos, la vivienda, suministros y alimentación consumen más del 60 % de su presupuesto.
El alquiler medio efectivo es de 755,60 euros mensuales, pero esta cifra incluye contratos antiguos con precios muy inferiores a los actuales, lo que no refleja la realidad para una familia que busca piso hoy. Cuando estos contratos finalizan, las familias se enfrentan a precios mucho más altos, generando incertidumbre y dificultades para encontrar alternativas asequibles.
Casos concretos y desafíos jurídicos
Ejemplos como el edificio Fener 16 en Escaldes-Engordany, donde 36 familias viven con incertidumbre tras la compraventa del inmueble, o el Antic Carrer Major 26 en Andorra la Vella, con familias jubiladas que han recibido avisos de finalización de contrato, ilustran el problema. Aunque las situaciones jurídicas son distintas, comparten la misma pregunta: ¿dónde puede vivir una persona cuando pierde un alquiler antiguo y debe afrontar los precios actuales?
Reflexión sobre la política de vivienda
No se trata de acusar al Gobierno de mantener pisos cerrados deliberadamente ni de negar el esfuerzo realizado para ampliar el parque público, necesario desde hace años en Andorra. Sin embargo, es fundamental evaluar si el modelo actual funciona para las personas a las que pretende proteger.
Construir viviendas es imprescindible, pero la política de vivienda no debería medirse solo por el número de llaves entregadas o edificios inaugurados. También debe explicar cuántas solicitudes han sido rechazadas, por qué, cuántas personas han renunciado y por qué quedan viviendas sin ocupar.
Si existen pisos públicos disponibles y cientos de personas necesitadas que no pueden acceder a ellos, el problema podría no estar únicamente en la falta de vivienda, sino también en las barreras de acceso y en los requisitos establecidos, que podrían estar dejando fuera a quienes más necesitan ayuda.
