La gestión eficiente de los residuos se erige como uno de los pilares fundamentales en la transición hacia un país más sostenible. En este contexto, el Gobierno de Andorra avanza en la implementación del modelo de gestión pública establecido en la Ley de residuos, alcanzando un hito significativo al asumir por primera vez la gestión de la fracción de papel y cartón proveniente de la recogida selectiva comunal, que hasta ahora había estado bajo la responsabilidad de los comunes.
Este paso no solo amplía las competencias del Gobierno respecto a envases, vidrio y residuos, sino que también consolida una estrategia enfocada en reforzar la trazabilidad de los residuos, mejorar el reciclaje y avanzar hacia una economía cada vez más circular y eficiente.
Concesiones administrativas estratégicas
En este marco, el Consejo de Ministros ha aprobado la adjudicación de dos concesiones administrativas clave: la gestión de la fracción de papel y cartón procedente de la recogida selectiva comunal, así como el servicio de recogida, almacenamiento y valorización de los aceites minerales usados. Ambas acciones permitirán continuar mejorando la gestión sostenible de los residuos en el país y garantizar un tratamiento adecuado de materiales esenciales para la protección del medio ambiente.
El concurso para la gestión del papel y cartón ha sido adjudicado a la empresa ECO GRUP INTERNACIONAL, SA, que obtuvo la mejor valoración en el proceso de licitación. Este servicio tiene como objetivo asegurar una correcta gestión de esta fracción y maximizar su recuperación y valorización dentro de los circuitos de la economía circular.
Gestión de residuos peligrosos
Paralelamente, el Gobierno ha adjudicado a la empresa FEPER, SLU la concesión administrativa para la recogida, almacenamiento y valorización de los aceites minerales usados. Este servicio público es crucial para garantizar la correcta gestión de un residuo potencialmente contaminante, asegurando su recogida, control, trazabilidad y tratamiento final por parte de gestores autorizados. Todos los productores de residuos de aceites minerales están obligados a entregarlos al nuevo adjudicatario de la concesión.
Este modelo de concesión no implica ningún costo directo para el Gobierno, ya que la empresa adjudicataria autofinancia el servicio mediante las tarifas aplicadas a los productores, las cuales se publicarán en el BOPA, así como a través de los ingresos derivados de la valorización de los residuos recuperados.
