Se aprueban todas las propuestas de resolución de Concòrdia, excepto la que reclamaba el referéndum sobre el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
Desarrollo de las propuestas en el Debate de Orientación Política
Cuatro de las cinco propuestas de resolución finales presentadas por el grupo parlamentario de Concòrdia en el Debate de Orientación Política (DOP) han sido aprobadas. Estas han contado con la validación unánime de la cámara, tras ser transaccionadas con el grupo parlamentario Demócrata. En total, se han presentado 35 propuestas de resolución entre todos los grupos en este DOP.
Como era previsible, los grupos parlamentarios de la mayoría han rechazado la propuesta de Concòrdia que instaba al Gobierno a convocar un referéndum sobre el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea antes de la firma por parte de las instituciones competentes europeas. “No puede ser que la ciudadanía andorrana se exprese al final de todo”, lamentó Cerni Escalé, presidente del grupo parlamentario, señalando que ya se podría haber celebrado el referéndum debido a que los cambios en el texto son prácticamente imposibles.
Propuestas sociales y administrativas
Escalé recordó que cuando Concòrdia abogaba por una renegociación del Acuerdo era porque aún se estaba en una fase activa de la negociación. “Nosotros queremos que la ciudadanía vote este Acuerdo y con el mínimo perjuicio para las instituciones andorranas”, expresó. En este sentido, Escalé subrayó el compromiso de Concòrdia de realizar el referéndum en los plazos más breves posibles, sometiéndose al resultado tras una campaña limpia.
Desde un enfoque social, la presidenta suplente del grupo parlamentario, Núria Segués, defendió la importancia de anticiparse a los problemas derivados del envejecimiento. “Envejeceremos todas y todos”, afirmó. Teniendo en cuenta que iniciativas como el proyecto Radars son solo un primer paso en la identificación de situaciones de vulnerabilidad y soledad no deseada, Concòrdia considera necesario consolidar esto dentro de una estrategia global de envejecimiento. Por ello, se ha encomendado al Gobierno impulsar un sistema integral de información sobre las personas mayores de 65 años, que permita disponer de un diagnóstico permanente, actualizado y centralizado de su situación y necesidades.
Asimismo, el Gobierno deberá elaborar, en un plazo de nueve meses, una planificación estratégica de los servicios y equipamientos destinados a las personas mayores, además de aprobar una Estrategia Nacional de Envejecimiento Activo y Calidad de Vida, que anticipe las necesidades de las generaciones futuras y oriente las políticas públicas frente a los retos derivados del envejecimiento de la población.
Innovación administrativa y cooperación internacional
En el ámbito de la administración, han prosperado dos propuestas concretas formuladas por el grupo parlamentario de Concòrdia. Por un lado, se encomienda al Gobierno impulsar, en el plazo de un año, pruebas piloto para incorporar la inteligencia artificial (IA) a la administración pública, preferiblemente en tareas de alto valor añadido, donde el uso de la IA puede ser más ventajoso, como la clasificación y ordenación automática de documentación administrativa o la asistencia a la ciudadanía en la realización de trámites administrativos.
Por otro lado, Cerni Escalé ha defendido una reivindicación “histórica” de Concòrdia: la necesidad de una plataforma electrónica única que permita acceder a todos los trámites, expedientes, notificaciones, pagos y comunicaciones con las administraciones y empresas públicas del país. Esta propuesta, aprobada por el Consejo General, deberá ser impulsada por el Gobierno en un plazo máximo de dos años, en colaboración con los organismos correspondientes y con los comunes. Además, en un año, el Ejecutivo deberá presentar al Consejo General un plan de implementación de esta plataforma.
Finalmente, también ha prosperado la propuesta de Concòrdia para reforzar la cooperación transfronteriza entre Andorra, Cataluña y Occitania, instando al Gobierno a formalizar los acuerdos que permitan constituir, en los plazos más breves posibles, la nueva Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT). “Debe ser una de las prioridades de nuestra política internacional de cooperación pirenaica”, defendió Cerni Escalé. En un plazo máximo de nueve meses, el Gobierno deberá presentar un informe al Consejo General sobre el estado de los trabajos de constitución de la AECT, en áreas estratégicas como la movilidad, la digitalización, la transición energética, la cultura y la protección del patrimonio.
