Un nuevo modelo de gestión en la justicia andorrana
El Govern ha aprobado el Projecte de llei del personal del Consell Superior de la Justícia (CSJ), un texto que implementa un nuevo modelo de gestión presupuestaria y de recursos humanos. Esta iniciativa mejora las normas de funcionamiento de la Llei Qualificada de la Justícia (LQJ) y deroga la Llei Transitòria de procediments Judicials (LTPJ).

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha presentado esta mañana a los medios de comunicación los aspectos principales de este proyecto de ley, que conlleva modificaciones en la Llei de la funció pública, la Llei qualificada de la Justícia y la Llei del Ministeri Fiscal.
Objetivos y cambios significativos
Según ha expuesto la ministra Molné, el objetivo de este proyecto es diferenciar el régimen del personal de la Administración de Justicia del del personal del Consell Superior de la Justícia. El primero se regirá por la Llei de la Funció Pública, con algunas especificidades, mientras que el segundo contará con un estatuto propio. De esta manera, se clarifican funciones y responsabilidades, reforzando así la eficiencia y la seguridad jurídica del sistema.
Además, se modifican las funciones presupuestarias del Consell Superior de la Justícia y del Ministeri de Justícia i Interior, permitiendo que cada uno gestione su parte del presupuesto de manera más eficiente.
Por otro lado, se mejoran las disposiciones vigentes de la Llei Transitòria de procediments Judicials, que se integran en la Llei Qualificada de la Justícia. Esto incluye aspectos relativos al procedimiento urgente y preferente, la nulidad, el reconocimiento de errores judiciales, entre otros. También se actualizan algunas normas de la Llei qualificada de la Justícia para mejorar la gestión de movilidad de jueces, magistrados y fiscales.
Con un total de 15 capítulos y 104 artículos, la norma establece un marco estable y representativo que preserva los derechos del personal involucrado, asegurando la coherencia normativa y adaptando el ordenamiento a las exigencias actuales. Así, el Govern reafirma su compromiso con un modelo de administración abierta y participativa, alineado con los estándares europeos e internacionales.






