Concòrdia refuerza el papel de liderazgo de la administración general en las políticas públicas sobre los derechos de niños y adolescentes, regulando los nuevos riesgos digitales.
El objetivo es clarificar las responsabilidades institucionales, actualizar la ley y hacerla más efectiva frente a los nuevos riesgos digitales, asegurando que las medidas sean realmente aplicables. Estos son los tres grandes objetivos de las más de veinte enmiendas que el grupo parlamentario de Concòrdia ha presentado al Proyecto de ley de modificación de la Ley cualificada de los derechos de los niños y adolescentes.
Responsabilidades y funciones
Las propuestas se dividen en tres bloques principales. El primero busca aclarar que la definición, seguimiento y coordinación de las políticas públicas relacionadas con los derechos de los niños y adolescentes corresponde al Gobierno, del cual depende la Comisión Nacional de la Infancia y la Adolescencia. Andorra Digital desempeñará funciones de observación, análisis y asesoramiento técnico, que se trasladarán en forma de conclusiones y recomendaciones a los ministerios competentes, quienes decidirán si las incorporan a las políticas públicas.
Núria Segués, presidenta suplente del grupo parlamentario de Concòrdia, recordó que su formación se opuso a la creación de la sociedad pública Andorra Digital SA, argumentando una duplicitat de competències que podrían desarrollarse directamente desde la administración general. Sin embargo, dada su existencia, se le asignan funciones técnicas, manteniendo el principio de que las políticas públicas en materia de derechos deben ser lideradas por el Ejecutivo.
Nuevos conceptos y riesgos digitales
Con el segundo bloque de enmiendas, Concòrdia introduce nuevos conceptos en la ley, relacionados con los riesgos digitales que actualmente afectan a niños y adolescentes, y que otros países también están incorporando en sus legislaciones. Se incluyen conceptos como la “ciberseducción de menores” (grooming), que se refiere a situaciones en las que un adulto se aproxima a un menor a través de redes sociales con fines de abuso o explotación sexual; la difusión no consentida de datos personales (doxxing); y el uso de imágenes falsas creadas con inteligencia artificial que afectan la dignidad, el honor o la intimidad de los menores (deepfakes).
La protección también abarca la prevención, detección y respuesta ante la usurpación de identidad digital de menores, así como el acceso no autorizado a sus cuentas, perfiles o credenciales en entornos digitales, especialmente en redes sociales.
Acceso a información y responsabilidad parental
El tercer bloque de enmiendas es transversal en cuanto a la protección de niños y adolescentes. Se busca que el acceso a la información sobre protección digital sea accesible, incluso para menores con discapacidades, en línea con la Ley de accesibilidad universal. Además, se incluye el concepto de “huella digital”, responsabilizando a los progenitores sobre los contenidos que se comparten en redes sociales, lo cual puede comprometer la privacidad de los menores en el futuro.
Asimismo, se definen con mayor precisión aquellos contenidos que se consideran inadecuados o nocivos, de acuerdo con las recomendaciones internacionales, incluyendo aquellos que contienen violencia, pornografía y discursos de odio.
Responsabilidades de los comerciantes digitales
Por último, se delimita mejor el papel de los comerciantes de dispositivos digitales. La consejera general María Àngels Aché explicó que, según el proyecto de ley del Gobierno, deben informar sobre los riesgos que representa para niños y adolescentes el acceso a determinados contenidos y la exposición prolongada a estos dispositivos. Concòrdia comparte esta función informativa, pero resalta que la responsabilidad pedagógica recae en el Ejecutivo, quien debe elaborar contenido objetivo y coherente, evitando mensajes dispersos.
El Centre de Benestar i Competències Digitals debe ser un órgano de referencia, apoyando a las familias y elaborando materiales informativos para los comerciantes del sector.
Esta reforma legislativa debe coordinarse estrechamente con la modificación del Código Penal, que se comenzará a trabajar pronto en comisión legislativa. Se introduce una disposición final en este sentido, ya que “esta ley define los derechos de los niños y adolescentes, establece una protección y identifica posibles situaciones de riesgo, mientras que en el Código Penal se tipifican las conductas graves”, concluyó Núria Segués, recordando que su grupo planteó agravantes para todos aquellos artículos del Código Penal que afectan a menores de edad.
