Ens están expulsando del nuestro país
Las recientes cifras de inversión extranjera en el sector inmobiliario, publicadas la pasada semana, son alarmantes. En 2025, se realizaron 843 operaciones que suman más de 514 millones de euros, marcando un récord histórico.
En medio de esta situación, una parte creciente de la población andorrana se enfrenta a la imposibilidad de pagar un alquiler, a la falta de oportunidades de emancipación o vive con la angustia permanente de perder su hogar. Andorra se presenta como un paraíso inmobiliario para capitales externos, y lo más preocupante es que esta realidad no es el resultado de una casualidad, sino de decisiones políticas deliberadas.
La primera Ley Ómnibus no ha dado los resultados esperados, y las expectativas sobre la segunda no son optimistas. La inversión especulativa no se ha frenado, la protección del acceso a la vivienda no se ha logrado y la presión sobre los precios del mercado sigue en aumento. Existe una intención de dar la impresión de que se están tomando medidas, mientras el negocio inmobiliario continúa sin alteraciones significativas.
Nunca se habían registrado tantas operaciones inmobiliarias ni se habían movido tantas sumas de dinero. A pesar de ello, el Gobierno insiste en hablar de equilibrios y atractivo económico, mientras la calidad de vida de la población residente se deteriora. Este es el gran dilema de Andorra: un modelo económico que genera millones, pero que cada vez ofrece menos bienestar colectivo.
La frustración de la población no radica únicamente en el alto costo de la vivienda. La ciudadanía se siente agotada al ver cómo el país se está vendiendo en partes, dejando a muchos sin espacio en él. Esto tiene un impacto social devastador. El desafío va más allá de la vivienda; se convierte en una cuestión de dignidad diaria: trabajar y no llegar a fin de mes, ver partir a hijos, amigos o familiares, compartir pisos a una edad avanzada o vivir bajo la constante amenaza de ser desalojado. La idea de comprar una casa se ha convertido en un sueño inalcanzable para quienes no cuentan con patrimonio. Mientras tanto, la especulación avanza sin restricciones.
Se nos repite que necesitamos inversión extranjera, pero ¿qué tipo de inversión es esa? ¿La que expulsa a la población? ¿La que convierte viviendas en activos financieros? ¿La que transforma el país en un escaparate de lujo, mientras sus habitantes pierden calidad de vida?
Un país no es un fondo de inversión. Un país es su gente. Y hoy, en Andorra, muchos sienten que ya no son una prioridad.
La situación ha llegado a un punto tal que hemos comenzado a aceptar cosas que hace solo unos años hubieran sido intolerables. Jóvenes que asumen que tendrán que marcharse, parejas que retrasan sus proyectos de vida, personas mayores temerosas de no poder continuar viviendo en sus hogares, trabajadores esenciales siendo expulsados del país… Esto no es progreso; es degradación social. Lo más alarmante es que aún hay quienes defienden esta situación en nombre del “crecimiento”.
No todo crecimiento es positivo. No todos los ingresos generan prosperidad. Y no todo modelo económico respeta la dignidad de la población. Cuando un país prioriza el mercado sobre su gente, corre el riesgo de destruir lo que lo hace habitable.
Andorra se encuentra al borde de este abismo. Por eso, ya no basta con medidas superficiales. Es necesaria una valentía política real: limitar la compra especulativa, priorizar la vivienda residencial, frenar ciertas dinámicas urbanísticas y asumir, de una vez por todas, que el derecho a vivir en el país debe prevalecer sobre el negocio inmobiliario. Si seguimos en esta línea, Andorra se convertirá en un país altamente rentable, pero irreconocible.
Sílvia Mosquera, Copresidenta de Concòrdia
