El Gobierno ha aprobado un nuevo reglamento que regula la acreditación del certificado de antecedentes penales, específicamente para aquellos delitos que atentan contra la libertad sexual, en el contexto de trabajos que implican contacto habitual con menores de edad.
Esta normativa es de aplicación tanto en el ámbito público como privado, y busca garantizar que las personas que desempeñan funciones con acceso a menores o a sus datos personales puedan acreditar la ausencia de antecedentes penales relacionados con delitos de esta naturaleza.
Compromiso con la protección infantil
La Ministra de Afers Socials, Trini Marín, ha señalado que con esta iniciativa, el Gobierno reafirma su compromiso con la protección integral de los niños y adolescentes, asegurando entornos seguros y reforzando los mecanismos de prevención ante cualquier forma de violencia o abuso.
Este reglamento también responde a los compromisos internacionales asumidos en el marco del Convenio del Consejo de Europa, que busca proteger a los menores contra la explotación y el abuso sexual, conocido como el Convenio de Lanzarote.
Detalles del nuevo reglamento
Según el nuevo reglamento, los trabajadores deberán presentar el certificado antes de comenzar cualquier actividad o renovarlo si ha transcurrido más de un año entre contratos. Este mismo procedimiento se aplicará a los estudiantes en prácticas académicas.
Los profesionales autónomos que trabajen con menores o tengan acceso a sus datos personales también están obligados a contar con este certificado. Los profesionales titulados deberán presentarlo a su colegio o asociación antes de iniciar su actividad.
Para el personal de la administración pública, el certificado se convierte en un requisito indispensable en los procesos de contratación. En el caso del voluntariado, se exigirá su presentación de manera anual, y se contempla la opción de que la entidad reembolse el costo del certificado.
Mecanismos de control y periodo de adaptación
La norma establece que las entidades y empresas tienen la responsabilidad de solicitar a las personas obligadas la presentación de los certificados correspondientes. Además, deberán implementar mecanismos de registro y seguimiento para garantizar la vigencia y actualización de los certificados presentados.
Finalmente, el reglamento contempla un periodo transitorio de un año para que quienes actualmente realicen actividades en el ámbito de aplicación puedan adaptarse a estas nuevas exigencias. Aquellos que no puedan acreditar el certificado en este plazo no podrán continuar en sus puestos de trabajo, prácticas o voluntariado que impliquen contacto con menores o acceso a sus datos personales.
