Por Ángela García.- En España, la acogida de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados se sostiene en gran medida gracias a la colaboración entre el Estado y organizaciones sin ánimo de lucro. Entidades como Cruz Roja Española, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Accem y Fundación Cepaim gestionan recursos públicos esenciales para garantizar protección y asistencia a estas personas vulnerables.
Detrás de cada plaza de acogida hay mucho más que un espacio físico: hay camas, comidas calientes, atención psicológica, apoyo jurídico y educativo. Sin embargo, también existe una compleja estructura administrativa que transforma el dinero público en servicios efectivos. La transparencia en la gestión de estos recursos es clave para que la ciudadanía pueda conocer cómo se emplean los fondos destinados a la acogida.
El papel económico de las ONG en la acogida
Las organizaciones sin ánimo de lucro manejan presupuestos millonarios, contratan personal especializado y adquieren bienes y servicios necesarios para su funcionamiento. A diferencia de las empresas mercantiles, no reparten dividendos y deben reinvertir cualquier excedente en sus fines sociales. Por ello, un gasto elevado en personal no implica necesariamente ineficiencia, ya que gran parte de la atención directa depende del trabajo de profesionales como psicólogos, abogados, intérpretes y educadores.
El Ministerio de Inclusión establece las necesidades del sistema y fija precios de referencia para los servicios, financiando programas mediante importes máximos por plaza y día o por persona atendida. Este dinero cubre alojamiento, alimentación, suministros, personal y otros gastos relacionados. Aunque la administración realiza controles económicos y técnicos, la transparencia contable no siempre refleja la calidad humana de la acogida.
Diferencias en la transparencia y gestión económica
Un análisis de las cuentas publicadas por CEAR, Accem, Fundación Cepaim y Cruz Roja Española revela diferencias significativas en la presentación y accesibilidad de la información económica.
CEAR publicó sus cuentas de 2025 con ingresos por 147,2 millones de euros, de los cuales 142,1 millones provinieron de subvenciones. Sus gastos de personal fueron de 61,4 millones y cerró el ejercicio con un excedente antes de impuestos cercano a 97.000 euros. Además, CEAR informa sobre subvenciones, contratos y convenios, y aclara que los miembros de sus órganos de gobierno no reciben remuneración.
Accem reportó ingresos provisionales de 225,1 millones de euros en 2024, con un 88,16% de financiación estatal y aportes de administraciones autonómicas y locales. Atendió a 95.011 personas ese año y detalló sus programas y territorios, aunque no es sencillo encontrar en su documentación pública cuentas anuales auditadas completas ni detalles sobre retribuciones de alta dirección, lo que dificulta la comparación directa.
Fundación Cepaim ofrece cuentas anuales auditadas y detalla que el 84,19% de sus ingresos proviene de subvenciones. Atendió a 50.064 personas en 2024, incluyendo 6.567 en programas de protección internacional. Sus estatutos establecen que los patronos trabajan gratuitamente, aunque pueden ser remunerados por servicios distintos a sus funciones de gobierno con autorización.
Cruz Roja Española publica un portal económico con presupuestos, cuentas auditadas y subvenciones, pero dada la diversidad y tamaño de sus actividades, no es adecuado comparar su presupuesto total con el de organizaciones especializadas en migración y refugio sin aislar específicamente los fondos destinados a acogida.
Retos en la transparencia y rendición de cuentas
Aunque las entidades analizadas publican información relevante, aún hay áreas donde la transparencia podría mejorar. No siempre es fácil acceder a datos sobre retribuciones totales o bandas salariales de la alta dirección, pagos a miembros de órganos de gobierno por servicios distintos, operaciones con personas o empresas vinculadas, principales proveedores o el porcentaje exacto dedicado a atención directa.
Publicar auditorías aporta un control importante, pero no garantiza la ausencia de irregularidades ni evalúa completamente la calidad del acompañamiento humano. La verdadera transparencia implica que cualquier ciudadano pueda encontrar, comprender y relacionar la información con los resultados obtenidos.
La rendición de cuentas es fundamental para proteger la solidaridad que sostiene la acogida. No se trata de desconfiar de las ONG, sino de fortalecer la confianza mediante una gestión clara y accesible de los recursos públicos. Cuanto más visible sea el recorrido del dinero, mayor será la confianza en que se convierte en protección efectiva para quienes más la necesitan.
La base documental de este análisis procede de las páginas económicas y memorias oficiales de CEAR, Accem, Fundación Cepaim y Cruz Roja Española, además de la normativa estatal sobre acción concertada.
