Ángela García.- Andorra ha superado el 55% de población extranjera en su territorio, un cambio demográfico que impacta directamente en el mercado laboral, la vivienda, los servicios públicos y el modelo de crecimiento del país. Según datos del Departamento de Estadística a 30 de junio de 2026, el Principado cuenta con una población estimada de 89.752 personas, de las cuales 49.639 son de nacionalidad extranjera, representando un 55,3% del total.
Este crecimiento poblacional es notable si se compara con los 79.535 residentes estimados en 2021, cuando la población extranjera representaba el 51,7%. En apenas cinco años, Andorra se acerca a los 90.000 habitantes y la presencia extranjera ha aumentado en casi cuatro puntos porcentuales.
El caso de la comunidad colombiana: un crecimiento acelerado
Un ejemplo significativo de esta nueva realidad migratoria es la comunidad colombiana, que ha experimentado un crecimiento cercano al 69% en solo dos años. En 2023 había 981 residentes colombianos en Andorra, cifra que aumentó a 1.318 en 2024 y alcanzó los 1.655 a finales de 2025.
Sin embargo, este aumento no se debe al reciente proyecto de contratación en origen entre Andorra y Colombia, ya que el incremento se produjo antes de la aprobación de este mecanismo. Más bien, la llegada masiva de trabajadores precedió a las iniciativas institucionales para ordenar y regular estos flujos migratorios.
Perfil laboral y condiciones de la comunidad colombiana
Una encuesta realizada a 318 miembros de la comunidad colombiana, impulsada por la Asociación de Residentes Colombianos en Andorra con apoyo del Consulado de Colombia en Barcelona y el programa Colombia Nos Une, revela que el 80% de los encuestados lleva menos de tres años residiendo en el Principado. La mayoría trabaja en los sectores de hostelería y restauración.
Destaca que cerca del 70% de los encuestados posee formación profesional o superior, aunque muchos no desempeñan labores relacionadas con su formación. Entre las dificultades señaladas figura el conocimiento del catalán, lo que limita su integración laboral y social.
Además, la comunidad colombiana comienza a tener presencia en otros sectores como residencias de personas mayores, transporte de viajeros y construcción.
El desafío de la vivienda y la situación irregular
La encuesta también pone de manifiesto los problemas vinculados a la vivienda. El 85% de los participantes considera el precio del alojamiento como una de las principales dificultades para vivir en Andorra. Aproximadamente la mitad comparte piso con personas que no forman parte de su núcleo familiar, en viviendas habitadas por cuatro o cinco personas.
Un dato especialmente sensible es que un 8% de los encuestados reside en la Seu d’Urgell, España, debido a la imposibilidad de asumir el coste de la vivienda en Andorra. Además, un 21% de los colombianos se encontraba en situación irregular a finales de 2024.
Nuevo modelo de contratación en origen y debate político
Ante esta realidad, el Gobierno de Andorra ha aprobado en 2026 un reglamento de contratación en origen que permite seleccionar trabajadores extranjeros antes de su llegada al país. La primera prueba piloto contempla 450 autorizaciones temporales vinculadas a la hostelería y restauración, con contratos de hasta nueve meses. Las empresas deben garantizar alojamiento y asumir al menos la mitad del coste del desplazamiento. Al finalizar la autorización, el trabajador debe regresar a su país de origen.
Aunque Colombia fue un actor destacado en las negociaciones iniciales, el mecanismo está abierto a trabajadores de países fuera de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. El Gobierno defiende que este sistema facilitará una inmigración más ordenada y responderá a las necesidades de personal en sectores clave. No obstante, desde el ámbito sindical se han expresado preocupaciones sobre posibles riesgos de precarización laboral.
El debate migratorio ha llegado al terreno político de cara a las elecciones generales de 2027. El partido Concòrdia ha propuesto medidas para reforzar la acogida e integración de los nuevos residentes, incluyendo programas para que conozcan mejor los derechos, deberes, instituciones, cultura y lengua del país. Algunas de estas iniciativas fueron rechazadas en el Consell General.
Por su parte, Andorra Endavant ha incorporado la política migratoria y la contratación en origen en el debate parlamentario. Paralelamente, el Gobierno ha reducido algunas cuotas de inmigración y endurecido requisitos con el objetivo declarado de avanzar hacia un crecimiento demográfico más sostenible.
La discusión ya no se centra solo en cuántos trabajadores necesita Andorra, sino en el ritmo de crecimiento que el país puede asumir, la integración de las personas que llegan, la disponibilidad de vivienda y la capacidad de los servicios públicos e infraestructuras para absorber este aumento.
Una particularidad que añade complejidad al debate es que más de la mitad de la población residente es extranjera, pero solo los ciudadanos andorranos con derecho a voto deciden el futuro Gobierno.
En definitiva, la inmigración, la vivienda, el mercado laboral y el crecimiento demográfico se entrelazan en una misma cuestión sobre el modelo de país que Andorra quiere construir en los próximos años.
