Concòrdia advierte sobre el riesgo de cronificación de la vulnerabilidad social
La pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía, especialmente en relación con la problemática de la vivienda, ha sido el eje central de la reciente sesión del Consell General. Durante el encuentro, se discutieron los protocolos del Ministerio de Afers Socials destinados a asistir a las personas en situación de vulnerabilidad.
Núria Segués, presidenta suplente del grupo parlamentario, subrayó la importancia de los protocolos actuales del Gobierno para hacer un seguimiento adecuado de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, con el fin de evitar que queden fuera del sistema. “Cada vez hay más situaciones que, en lugar de resolverse, se cronifican”, lamentó Segués, quien aportó datos preocupantes: en 2024, el gasto en protección social aumentó un 16,5%, alcanzando un récord de 343 millones de euros.
La consellera general de Concòrdia también destacó las carencias estructurales en la legislación vigente, que carece de circuitos bien definidos y de un seguimiento individualizado de cada caso. “Los apoyos están diseñados para ser temporales y revisables, pero los problemas que se abordan no lo son. Por eso, en la práctica, los apoyos se prorrogan año tras año sin que la situación de fondo cambie”, explicó.
Con respecto a la crisis habitacional, Cerni Escalé, presidente del grupo parlamentario, hizo hincapié en que los ingresos mensuales por hogar han aumentado menos que los gastos mensuales. “El poder adquisitivo ha disminuido, lo que genera dificultades”, alertó, señalando que muchas de estas situaciones están ligadas al precio de la vivienda. “Negar esto es desconocer la realidad que viven muchas personas en nuestro país”, añadió.
Escalé argumentó que, a pesar de que se están otorgando más ayudas sociales y ampliando el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles, se sigue permitiendo la especulación inmobiliaria, debido a que Andorra cuenta con la tributación más baja de Europa.
En el ámbito del programa “Radars”, que busca combatir la soledad no deseada entre los ancianos, Núria Segués destacó el problema de la falta de actualización de los censos, ya que actualmente solo se ha implementado con los datos de las parroquias de Andorra la Vella y Sant Julià de Lòria. “Apelo a que se actualicen”, insistió.
Una vez más, Concòrdia trasladó al pleno del Consell General la emergencia social del acceso a la vivienda. Ante la posibilidad de que el Gobierno venda alguno de los nuevos edificios del parque público, tal como comentó la ministra responsable en una entrevista, Maria Àngels Aché denunció la falta de una línea clara en las políticas de vivienda pública, que cambian constantemente. “La situación de la vivienda ha empeorado en los últimos cuatro años, a pesar de las acciones de este Gobierno”, afirmó Aché, señalando que los precios se han duplicado desde 2019.
La consellera general insistió en que la prioridad debe ser “garantizar que todos puedan acceder a una vivienda asequible y quedarse en el país, y no tener que marcharse porque no encuentran pisos que puedan pagar”. Aché recordó que “el problema de la vivienda no se resuelve solo con medidas estéticas y parciales, sino con medidas estructurales”, reiterando la necesidad de limitar la inversión especulativa y frenar la especulación inmobiliaria.
Cerni Escalé también enfatizó la importancia de que el talento joven andorrano que estudia en el extranjero pueda regresar al país, un elemento crucial para la economía en un momento en que faltan profesionales en diversas áreas, como el sector sanitario. Expresó su preocupación por la lentitud del Gobierno en implementar los programas que facilitarían este retorno.
Ante la insistencia del Gobierno en vincular el Acord d’Associació con la Unión Europea como condición para diversificar la economía de Andorra, Escalé rebatió este argumento. “Si el precio de la vivienda sigue aumentando, si no hay nuevas conexiones de infraestructura que faciliten el transporte y si no hay una conexión entre la empresa y la investigación, es complicado tener confianza en estos precedentes”, concluyó.
El conseller general de Concòrdia cuestionó la lógica de que la apertura económica y los acuerdos comerciales llevarían a la diversificación económica, sugiriendo que otros países con fiscalidades competitivas, como Malta o Chipre, tampoco lograron diversificarse al entrar en la Unión Europea. “Si el impacto de este acuerdo es beneficiar a la construcción y el sector inmobiliario, entonces no lo queremos”, finalizó Escalé.
