El Consell de Drets Humans de les Nacions Unides ha aprobado, por consenso, el informe relacionado con las recomendaciones de Andorra en el marco del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU). Andorra ha aceptado un total de 108 de las 150 recomendaciones y de forma parcial una más, reafirmando así su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos.
El EPU realiza un seguimiento, cada cuatro años y medio, sobre el cumplimiento de los derechos humanos en todos los estados miembros de la ONU. Este proceso es igualitario y transparente, permitiendo que cada país presente sus avances y desafíos, recibiendo recomendaciones de otros estados y comprometiéndose a mejorar en áreas específicas. Se trata de una revisión colectiva que busca fortalecer la protección de los derechos humanos en todo el mundo a través del diálogo, la cooperación y la responsabilidad compartida.
Compromisos realistas y alcanzables
La decisión, anunciada por la ministra de Asuntos Exteriores, Imma Tor, mediante un discurso previamente grabado durante la adopción del informe final en Ginebra, es el resultado de un análisis transversal entre los diferentes ministerios. El objetivo es asumir compromisos realistas y alcanzables de acuerdo con las capacidades institucionales del país.
Las recomendaciones aceptadas están alineadas con reformas ya iniciadas o previstas a corto plazo en áreas prioritarias, tales como la igualdad y no discriminación, la lucha contra la violencia de género y doméstica, la protección de la infancia, la inclusión de personas con discapacidades y el fortalecimiento de la cohesión social.
Avances en derechos humanos
En este sentido, el Gobierno da continuidad a los avances destacados durante el diálogo interactivo del pasado 6 de noviembre, donde Andorra resaltó que, respecto a las recomendaciones aceptadas del ciclo anterior (2020), ha implementado ya el 81%, quedando el 19% restante en la fase final de implementación.
Entre los progresos más relevantes, se destacan el fortalecimiento del marco legislativo en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, las medidas para combatir la violencia de género, el desarrollo de políticas de vivienda asequible, así como el impulso de la inclusión educativa, con un 98,6% de los alumnos con discapacidades escolarizados en entornos ordinarios.
Asimismo, el Gobierno continúa avanzando en la adhesión a instrumentos internacionales clave en materia de derechos humanos. En este marco, se encuentra en curso la ratificación del Pacto Internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales, una demanda recurrente en ciclos anteriores del EPU.
Protección de la infancia y análisis de recomendaciones
En lo que respecta a la infancia, se ha aprobado recientemente un proyecto de ley para reforzar la protección de los niños y adolescentes, especialmente en el entorno digital. También se trabaja en la reforma de la legislación relativa a los derechos de las personas con discapacidades.
Por otro lado, Andorra ha considerado 41 recomendaciones que requieren un análisis más profundo o un trabajo normativo que aún no se ha desplegado. Esto se hace con la voluntad de garantizar el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos.
La ministra Imma Tor también ha subrayado que “el respeto y la protección de los derechos humanos son el centro de todas las políticas públicas”, y ha resaltado que la participación de Andorra en el EPU se basa en un espíritu de transparencia, responsabilidad y mejora continua.
En esta línea, el Gobierno trabajará para establecer, antes de finalizar el cuarto ciclo, un mecanismo nacional para la implementación, seguimiento y elaboración de informes sobre las recomendaciones, con el objetivo de reforzar su eficacia y coherencia, en consonancia con las mejores prácticas establecidas por las Naciones Unidas.
