La protección de los infantes y adolescentes en el entorno digital se ha convertido en una prioridad para el Gobierno de Andorra. Desde hace años, se trabaja de manera continua y alineada con los estándares internacionales para garantizar un entorno digital seguro. En este contexto, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Marc Rossell, presentó recientemente un nuevo avance: la aprobación del Proyecto de Ley cualificada de modificación de la Ley cualificada de los derechos de los infantes y adolescentes.
Según Rossell, “la realidad de los infantes y adolescentes de nuestro país ha cambiado, y por ello es fundamental que la legislación también lo haga, para seguir garantizando su protección, especialmente en el entorno digital y en línea”.
Medidas de Protección y Supervisión
El texto aprobado por el Gobierno incluye aspectos clave. Entre ellos, los progenitores y tutores legales tendrán la responsabilidad de supervisar activamente el uso digital de los menores. También se incorporarán al currículum escolar temas relacionados con la digitalización y el uso de nuevas tecnologías, así como programas de acompañamiento y formación para familias y escuelas a través de Andorra Digital.
Sin embargo, el avance tecnológico también trae consigo riesgos como el ciberacoso, la violencia digital y la dependencia digital. La evidencia científica sugiere que la sobreexposición digital puede afectar el desarrollo y el bienestar de los menores, lo que hace que el acompañamiento familiar sea necesario.
Consulta y Participación de los Menores
El proceso de modificación de la ley ha sido participativo, incluyendo la voz de infantes y adolescentes de diferentes contextos. Se han recogido opiniones de participantes en actividades extracurriculares, alumnos de ESO y estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional. Este enfoque ha permitido obtener una visión plural sobre la realidad digital y las preocupaciones de los jóvenes.
“Las aportaciones realizadas durante las sesiones se han traducido en acciones concretas en la modificación de la ley, asegurando que la nueva propuesta responde directamente a lo que los infantes y adolescentes han expresado”, destacó el ministro. El trabajo se ha realizado de forma transversal, consultando a actores clave como asociaciones de padres, el Foro de la Juventud y Unicef.
Prohibición de Acceso a Redes Sociales
Uno de los puntos más destacados de la ley es la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años, debido a los riesgos que pueden afectar su desarrollo y salud mental. Rossell explicó que esta medida irá acompañada de un sistema de verificación de edad que limitará el acceso a ciertos contenidos y aplicaciones.
Además, se establecerá que las SIM para menores de esta edad deberán tener configurados por defecto bloqueos para contenidos inapropiados. Se prevé también que al adquirir un dispositivo móvil, las familias recibirán información sobre riesgos digitales y recomendaciones de uso según la franja de edad.
Entorno Familiar y Escolar
La supervisión activa por parte de los progenitores es fundamental. Por ello, el Gobierno ha impulsado el Centro de Bienestar y Competencias Digitales, donde los padres recibirán información y guía para fomentar una supervisión adecuada. Este centro ofrecerá materiales y formaciones sobre bienestar y capacitación digital.
El proyecto de ley también reconoce situaciones de riesgo en los menores por el uso inadecuado de tecnologías, estableciendo procedimientos de atención con apoyo psicológico para aquellos en riesgo digital.
Educación Digital Continua
El entorno escolar también es clave en esta estrategia. El texto propone la formación obligatoria para los menores en temas de privacidad, ciberacoso y competencias digitales, integrando estos contenidos en el currículum escolar. También se brindará capacitación continua para el profesorado y educadores en tecnologías digitales.
Finalmente, se facilitará el acceso a canales de denuncia para que jóvenes, adolescentes y familias puedan comunicar situaciones de riesgo de manera ágil. La Agencia Nacional de Ciberseguridad, en colaboración con Andorra Digital, garantizará la existencia de estos canales, y las empresas de telecomunicaciones deberán ofrecer soporte y asesoramiento sobre el uso seguro de dispositivos.
