Andorra ha presentado recientemente ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, el Informe inicial relativo a la aplicación del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (PIDCP). Encabezada por el embajador Ferran Costa, la delegación andorrana respondió a las interrogantes planteadas por los 18 expertos independientes del Comité.
Este ejercicio es parte del mecanismo de supervisión de la ONU, que obliga a los Estados a presentar informes periódicos sobre la implementación de los tratados ratificados. En este contexto, un grupo de expertos analiza los avances y desafíos de cada país en un diálogo técnico y político, con el objetivo de recibir recomendaciones especializadas que guíen futuras reformas legislativas y políticas públicas, asegurando así la efectiva aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos a nivel nacional.
Derechos de los menores y medio ambiente
En respuesta a las preguntas sobre el centro residencial de acción educativa, Andorra destacó que el CRAE es un recurso residencial para menores tutelados por el Gobierno, garantizando todos los derechos contemplados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, se expusieron los protocolos existentes para la prevención y lucha contra todas las formas de violencia hacia niños y adolescentes.
La temática del derecho a la vida también fue abordada desde una perspectiva sistémica. En este marco, se subrayó la importancia de preservar el medio ambiente, un ámbito en el que Andorra ha destacado internacionalmente por su transparencia, así como los esfuerzos en materia de acción climática para garantizar este derecho fundamental.
Derechos de las personas con discapacidad y políticas de igualdad
Respecto a las personas con discapacidad privadas de libertad, Andorra aseguró que todas las actuaciones se llevan a cabo con pleno respeto a los derechos y la dignidad de las personas, conforme a las disposiciones del Convenio de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, garantizando el consentimiento libre e informado y la atención individualizada.
Se presentaron también las medidas adoptadas para asegurar el derecho al ejercicio del voto de las personas con discapacidad, destacándose como uno de los pocos países que garantiza de manera íntegra este derecho y su ejercicio efectivo.
Compromisos gubernamentales y marco legislativo
Además, se expusieron las acciones para asegurar que los colectivos vulnerables puedan beneficiarse de prestaciones vinculadas a la eficiencia energética, con el objetivo de reforzar su protección social y reducir situaciones de vulnerabilidad.
En su intervención inicial, el embajador Costa destacó que el Gobierno considera esencial la rendición de cuentas ante los órganos de tratados para mantener un multilaterismo inclusivo, exigente y respetuoso con la diversidad de situaciones.
Avances en igualdad de género y derechos reproductivos
En lo que respecta a la igualdad de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, se recordó que Andorra cuenta con un marco legislativo específico y ha reforzado su estructura institucional con la creación de la Secretaría de Estado de Igualdad y Participación Ciudadana. Asimismo, se mencionó que recientemente el Consell General aprobó una modificación legislativa para retirar la reserva al artículo 30.2 del Convenio de Estambul, garantizando indemnización a las víctimas en caso de insolvencia del autor.
Internamente, se destacó la implementación de políticas públicas en educación inclusiva, integrando al 98,8% de los niños con discapacidad en el sistema ordinario. También se mencionó el Plan Nacional para la Infancia y la Adolescencia 2022-2026, así como la adopción de la Ley cualificada de la persona y de la familia (2022), que prohíbe el matrimonio antes de los 18 años y los matrimonios forzados.
Refugiados y justicia juvenil
En el ámbito de los refugiados, se informó que Andorra ha acogido a 26 personas refugiadas sirias y, desde 2022, a más de 300 personas ucranianas, garantizándoles todos los derechos necesarios. A solicitud de los miembros del Comité, se destacó que la privación de libertad de menores es una medida estrictamente excepcional, sujeta a control judicial reforzado. Desde 2017, no ha habido ningún menor privado de libertad en el Principado, lo que refleja la orientación del sistema de justicia juvenil hacia medidas educativas y alternativas.
Finalmente, los expertos mostraron interés por el papel de los defensores de los derechos humanos y su implicación en la mejora de su aplicación. La delegación expuso que el tejido asociativo del Principado es activo y proporcional a las dimensiones del país, destacando la labor de diversas asociaciones en la presentación de informes a organismos multilaterales. El Gobierno se comprometió a estimular la participación de estas asociaciones en ejercicios internacionales de este tipo.
El Informe inicial, coordinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, es el resultado de un trabajo transversal que ha implicado a los diferentes ministerios del Gobierno. El 23 de abril de 2025, el Gobierno aprobó formalmente la entrega del informe al Secretariado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cumpliendo así con el artículo 40 del Pacto, que obliga a los Estados parte a presentar informes periódicos sobre su aplicación.
