El Govern ha aprobado el Projecte de llei d’arxius i de patrimoni documental, con la finalidad de establecer una política archivística moderna y eficaz que garantice la conservación, protección y difusión del patrimonio documental de Andorra, tanto público como privado. Este texto será sometido a trámite parlamentario en los próximos días.
La ministra de Cultura, Juventud y Deportes, Mònica Bonell, destacó en la rueda de prensa de presentación que esta ley permitirá dotar al país de un marco normativo, asegurando así una gestión rigurosa de los documentos y la preservación de la memoria colectiva como un patrimonio esencial para las generaciones futuras.
Detalles del Proyecto de Ley
El proyecto amplía el alcance de la Ley de patrimonio cultural en el ámbito archivístico, regula el tratamiento de los documentos públicos a lo largo de todo su ciclo de vida y estructura normativamente el Sistema de Archivos, el cual incluye los archivos de la Administración general, los de los comunes, el Archivo del Consejo General y otros archivos que el Govern pueda incorporar en el futuro.
Durante la presentación, la directora del Departamento de Patrimonio Cultural, Isabel de la Parte, subrayó que este proyecto de ley refuerza la transparencia, el buen funcionamiento de las instituciones y la preservación del patrimonio documental como una herramienta clave para el conocimiento de la historia y la actividad pública del país.
Obligaciones y Gestión Documental
El Projecte de llei define qué se entiende por patrimonio documental y establece las obligaciones tanto de los titulares de documentos públicos como de los propietarios de patrimonio documental privado, garantizando su conservación, ordenación y protección. En este sentido, Lidia Arbués, jefa del área de Archivos, quien también participó en la rueda de prensa, comentó que la norma combina responsabilidad y apoyo, especialmente en lo que respecta al patrimonio documental privado, con medidas de cooperación, subvenciones y la posibilidad de depósito en archivos públicos.
En cuanto a la documentación pública, la ley fija la obligación de disponer de sistemas de gestión documental adecuados, interoperables y que aseguren la autenticidad, integridad y fiabilidad de los documentos. También regula la gestión documental de la Administración general, que deberá contar con un único sistema y con garantías específicas en caso de contratación de servicios externos.
