Presentación del dictamen de la Comisión de ordenación del territorio y urbanismo con dieciocho conclusiones para guiar una futura reforma de la LGOTU
Después de trece intensos meses de trabajo, la Comisión de estudio constituida en el Consejo General en diciembre de 2024 ha hecho públicas las conclusiones de su dictamen final. Este documento organiza el marco urbanístico vigente y las necesidades de reforma que se requieren para asegurar un crecimiento urbanístico sostenible.
Desafíos y objetivos
Las conclusiones se resumen en dieciocho puntos, presentados por el presidente y la vicepresidenta de la comisión, Jordi Casadevall (Grupo Parlamentario de Concordia) y Gemma Riba (Grupo Parlamentario de Demócratas), en una rueda de prensa donde también se publicó en el Boletín Oficial del Consejo General.
Andorra ha experimentado un rápido crecimiento urbanístico en los últimos años, lo que plantea dos retos esenciales: garantizar el equilibrio medioambiental y preservar la calidad de vida de las futuras generaciones. Esto implica, por un lado, asegurar servicios públicos de calidad y, por otro, promover una planificación a largo plazo en relación con la disponibilidad de recursos naturales, como el agua y el suelo.
Trabajo de la comisión y conclusiones
El presidente de la Comisión de estudio, Jordi Casadevall, ha subrayado que las preguntas de la ciudadanía sobre “hasta dónde se puede crecer” no han sido el objetivo de los trabajos realizados. La labor parlamentaria culminó el 30 de enero con la entrega del dictamen, que ha contado con asesoramiento técnico y jurídico.
Un aspecto que la Comisión debía abordar era el análisis de los estudios de capacidad de carga parroquiales y nacionales elaborados por el Gobierno, aunque estos no estuvieron disponibles durante el proceso. Tanto Casadevall como Riba esperan contar con ellos en la próxima fase de trabajo parlamentario.
Aportaciones y recomendaciones
Gemma Riba ha explicado que durante los trece meses de trabajo se llevaron a cabo doce comparecencias públicas con asociaciones y colegios profesionales relacionados con el urbanismo, así como reuniones con expertos en la materia. De este proceso, la comisión ha extraído recomendaciones y propuestas para establecer un diagnóstico sobre la situación del urbanismo en Andorra desde una perspectiva técnica y plural.
Las dieciocho conclusiones alcanzan consensos sólidos entre los miembros de la comisión, buscando equilibrios que trascienden las diferencias políticas. Estas conclusiones son el punto de partida para la futura Comisión de legislatura que se formará con el objetivo de presentar una modificación de la Ley General de Ordenación del Territorio y Urbanismo (LGOTU) mediante una proposición de ley.
Ejes de la reforma legislativa
Entre las conclusiones del dictamen, se propone reforzar los instrumentos de planificación supracomunal en temas estructurales como vivienda, movilidad y servicios públicos. Esto implica potenciar directrices de ordenación que sirvan como marco de referencia común para las políticas urbanísticas parroquiales.
Asimismo, se plantea la necesidad de adaptar los POUP (Planes de Ordenación y Urbanismo Parroquial) a las proyecciones de crecimiento poblacional nacional para anticipar necesidades futuras y evitar desajustes en el desarrollo urbanístico.
Medidas adicionales y sostenibilidad
La red viaria también debe adecuarse a las características de cada zona, asegurando que sea coherente con los usos del suelo y la intensidad de la actividad. La movilidad y el urbanismo deben ir de la mano para garantizar funcionalidad y seguridad.
El dictamen también destaca la importancia de proteger el suelo de uso agrícola, así como promover un modelo de edificabilidad decreciente a partir de los núcleos urbanos para optimizar el crecimiento y la provisión de infraestructuras públicas.
Perspectivas futuras
Finalmente, se plantea la introducción de un sistema de cuotas urbanísticas como herramienta temporal, sin que esto se convierta en una medida de planificación. La Comisión ha concluido que los estudios de capacidad de carga máxima nacional deben elaborarse y actualizarse periódicamente en coordinación con todas las administraciones.
El dictamen será elevado al pleno del Consejo General el próximo 19 de marzo y dará inicio a una segunda fase de trabajo para impulsar la comisión encargada de elaborar la proposición de ley de modificación de la LGOTU, siempre desde el diálogo y el consenso.
