Concòrdia exige información sobre la revisión de puestos de trabajo en la Función Pública
El grupo parlamentario de Concòrdia ha solicitado oficialmente información sobre el proceso de revisión de los puestos de trabajo llevado a cabo por el ministerio de Función Pública en la administración general durante 2023.
Esta petición surge en un contexto de preocupación, tras las recientes noticias en los medios acerca de una decisión de la Batllia relacionada con este proceso. A muchos empleados de la administración pública les inquieta que dicha revisión haya creado incertidumbres o desigualdades entre trabajadores que ocupan el mismo puesto. La formación política busca entender cómo se ha gestionado este proceso, en particular por qué algunos salarios han aumentado en detrimento de otros puestos con funciones similares.
Demandas de claridad y transparencia
Concòrdia considera que esta situación refleja una gestión deficiente y una falta de planificación estratégica y transparente por parte del ministerio, especialmente durante los últimos años bajo el Gobierno de Demòcrates.
Entre la documentación solicitada, destacan los términos de referencia para la contratación de la empresa externa que llevó a cabo la actualización y descripción de los puestos de trabajo, siguiendo su propia metodología. Es importante señalar que el reglamento correspondiente aún no ha sido implementado. Además, se han pedido informes, auditorías y descripciones de puestos de trabajo, junto con los criterios y metodologías utilizados en el proceso. También se requiere conocer las sentencias emitidas por la Batllia sobre este asunto, así como los recursos administrativos presentados por los trabajadores y las resoluciones del ministerio al respecto.
Por último, el grupo parlamentario busca conocer el presupuesto destinado a esta revisión.
Concòrdia aboga por la importancia de evaluar los puestos de trabajo en la administración para mejorar la eficiencia, utilizando criterios técnicos adecuados. Para ello, es esencial el desarrollo reglamentario de la Ley de la Función Pública, que debe definir los perfiles competenciales, la carrera horizontal y un sistema de reconocimiento profesional para todos los empleados de la administración pública y los cuerpos especiales.
